El Tribunal Oral Federal 5, que deberá juzgar a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y al resto de los acusados en la causa Hotesur-Los Sauces, resolvió apartar a uno de los peritos contables que demoraba una pericia considerada fundamental para avanzar hacia el juicio oral.
En su reemplazo fueron designados peritos de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán concluir el estudio antes del 4 de septiembre, fecha fijada para la audiencia preliminar que permitirá definir el inicio del debate oral.
La investigación involucra a Hotesur, la empresa hotelera de la familia Kirchner, y a la inmobiliaria Los Sauces, cuyos principales clientes fueron el empresario Lázaro Báez y el Grupo Indalo, de Cristóbal López. Desde que la causa fue elevada a juicio, el expediente registró escasos avances debido a una medida de prueba solicitada por las defensas de la expresidenta y de Báez: una nueva pericia contable sobre la operatoria de la firma Los Sauces.
La acusación sostiene que los pagos efectuados por empresas vinculadas a Báez y López a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner habrían funcionado como un mecanismo para canalizar fondos de origen ilícito.
Según la investigación, este expediente guarda relación con la condena dictada contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad, en la que la Justicia concluyó que fondos públicos destinados a la obra pública fueron desviados mediante contratos irregulares. De acuerdo con esa hipótesis, Hotesur y Los Sauces habrían servido para otorgar apariencia de legalidad a esos movimientos de dinero.
En ese marco, la acusación afirma que ambas empresas emitían facturas a Austral Construcciones para blanquear dinero proveniente de retornos vinculados a la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La fiscalía sostiene que entre 2009 y 2013 Báez abonó más de 27 millones de pesos a través de Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. Además, otras compañías del Grupo Austral habrían aportado ingresos por otros 11 millones de pesos, incluso mediante el pago de habitaciones que no fueron ocupadas.
Los imputados también enfrentan una acusación por el presunto delito de dádivas, a partir de las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, en su carácter de funcionaria pública, y empresarios contratistas del Estado.
