Tras un receso, la audiencia de este lunes estuvo marcada por la difusión de un archivo sonoro que captura la voz del capitán de navío Pedro Martín Fernández durante una reunión técnica en abril de 2017, apenas siete meses antes de la desaparición de la nave con sus 44 tripulantes.
En el audio, el comandante informaba a sus superiores que la unidad operaba con una "profundidad limitada a 100 metros" y reportaba ruidos anómalos en la línea de eje. Este material, presentado por la defensa del capitán destituido Claudio Villamide, busca demostrar que la cadena de mando estaba al tanto de las condiciones operativas y que las mismas se encuadraban dentro de la normativa naval de la época.
La polémica por el audio
La reproducción del mensaje sonoro generó un fuerte rechazo entre los abogados querellantes, quienes representan a las familias de las víctimas. Las objeciones se centraron en tres ejes:
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Autenticidad: La abogada Valeria Carreras y el querellante Luis Tagliapietra cuestionaron el origen del audio y si efectivamente corresponde a la voz de Fernández.
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Impacto emocional: El fiscal Gastón Pruzán solicitó priorizar las actas escritas para no afectar la sensibilidad de los familiares, quienes no habían sido advertidos de la difusión.
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Derecho a defensa: Pese a las quejas, el tribunal —presidido por Mario Reynaldi— admitió la prueba al considerarla "pertinente y útil" para el descargo de los oficiales imputados. “El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros y una velocidad autoimpuesta”, se escucha decir a la voz atribuida al capitán fallecido en la grabación de abril de 2017.
Un obstáculo central en el avance de la causa es la clasificación de "secreto militar" que pesa sobre documentos estratégicos. El proceso se ve afectado por el Decreto 615/2024, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Ahora, los archivos vinculados a la Defensa y Seguridad que involucren política exterior deben contar con la autorización de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para ser exhibidos plenamente. Hasta que el Ministerio de Defensa libere el contenido, el Tribunal acordó mostrar documentos de forma parcial, omitiendo los detalles de las misiones que puedan comprometer las relaciones internacionales del país.
El debate oral busca determinar la responsabilidad de cuatro exoficiales de alto rango: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
Mientras las querellas sostienen que las limitaciones técnicas (como el ruido en el eje y la restricción de profundidad) eran alarmas de seguridad que debieron impedir la última misión, las defensas argumentan que el submarino cumplía con los estándares de mantenimiento. Según los imputados, el ingreso a dique seco para una revisión integral ya estaba programado para el primer semestre de 2018.
