El Gobierno argentino ultima los detalles para declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) como una organización terrorista. La medida, que se oficializará en las próximas horas, dispone su incorporación inmediata al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), según publicó Infobae.
Esta acción no solo alinea a Buenos Aires con las posturas de Washington e Israel, sino que busca saldar una deuda histórica de la justicia local. La estructura de la Guardia Revolucionaria ha sido señalada reiteradamente por los tribunales argentinos como una pieza central en la planificación de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994).
La inscripción en el RePET no es un gesto meramente simbólico. Activa un protocolo de congelamiento de activos y prohíbe cualquier tipo de operación dentro del sistema financiero argentino para personas o empresas vinculadas a este cuerpo militar.
Alcances operativos de la medida:
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Detección de activos: Habilita a la UIF (Unidad de Información Financiera) a rastrear flujos de dinero sospechosos.
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Monitoreo de inteligencia: Refuerza la cooperación con agencias internacionales para detectar "células dormidas" o apoyo logístico local.
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Impacto en capturas: Fortalece los pedidos de captura internacional, como el que pesa sobre Ahmad Vahidi, actual alto mando de la Guardia y sospechoso clave en la voladura de la mutua judía.
¿Qué es la Guardia Revolucionaria?
Fundada en 1979 tras la Revolución Islámica, la Guardia Revolucionaria ha evolucionado de una milicia ideológica a un estado dentro del Estado. Posee su propio ejército, marina y fuerza aérea, además de controlar sectores estratégicos de la economía iraní.
Su brazo más temido es la Fuerza Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones exteriores y de financiar a grupos como Hezbolá y Hamás. Para la justicia argentina, la Fuerza Quds fue el nexo operativo que permitió ejecutar los ataques en suelo porteño hace tres décadas.
La decisión del Ejecutivo se produce en un momento de máxima tensión en el Medio Oriente. Con la Guardia Revolucionaria coordinando ataques con drones y misiles en la región, Argentina busca blindar su territorio ante posibles represalias o actividades de financiamiento ilícito.
Al dar este paso, Argentina se suma al selecto grupo de países —encabezado por Estados Unidos en 2019— que han calificado a una estructura estatal extranjera como terrorista. La medida rompe con la tradición de "neutralidad cautelosa" de gestiones anteriores y posiciona al país como un actor activo en el combate al terrorismo transnacional.
Desde la Casa Rosada enfatizan que esta resolución tiene un componente local ineludible. "No es solo diplomacia, es justicia", señalan fuentes oficiales. La vinculación de la cúpula de la IRGC con los 85 muertos de la AMIA es el fundamento jurídico que sostiene el decreto.
