En el marco del Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres, el Senado de la Nación reunió a destacados actores judiciales, legislativos y de organizaciones no gubernamentales para debatir sobre los avances y los desafíos en la lucha contra la trata de personas en Argentina.
El juez federal Ariel Lijo participó como expositor y subrayó la relevancia de que el Congreso dedique “tiempo, recursos y energía” a esta problemática, considerada “tan trascendente”. Durante su intervención, repasó la evolución legal desde la sanción de la primera gran normativa contra la trata en 2008, enfatizando que el principal obstáculo en los comienzos fue cultural y legal.
“El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, explicó Lijo, destacando la transformación conceptual como un logro fundamental para que la justicia pudiera reconocer la trata como un delito organizado que vulnera la dignidad y los derechos humanos, más allá de la explotación sexual o laboral.
La estrategia
El magistrado insistió en que para desarticular las redes de explotación es clave atacar su poder económico: “El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”. En ese sentido, planteó que el próximo paso en la estrategia penal debe ser profundizar la persecución de los bienes y recursos financieros obtenidos por estas actividades ilícitas, ya que “más allá de los recursos, es la respuesta siguiente que debería dar el sistema penal en el combate real de estas organizaciones”.
Lijo describió una etapa de transición en la lucha contra la trata, donde el foco pasa de rescatar víctimas individuales a desarticular estructuras criminales complejas. Resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y sindicatos. Como ejemplo, mencionó la firma de un documento internacional en la Academia Pontificia junto al Papa Francisco y el aporte de ONG como La Alameda y comunidades Qom en iniciativas judiciales y de reutilización de bienes incautados.
El juez también reconoció que muchas víctimas mostraban enojo hacia los tribunales, un desafío importante para el sistema judicial en cuanto a la percepción y tratamiento de los afectados. Además, destacó la cooperación internacional en investigaciones en las fronteras con Perú y Brasil, donde se detectan nuevas formas de explotación vinculadas a actividades mineras y petroleras.
Uno de los datos más destacados de su exposición fue que Argentina registra actualmente más de cincuenta condenas por año en casos de trata de personas, lo que posiciona al país como “uno de los países líderes en el mundo” en esta materia. Además, subrayó el reconocimiento internacional recibido por Naciones Unidas debido a las políticas de reparación para las víctimas y la creación de un fondo destinado a su indemnización integral. “Avanzamos mucho, en el tema de víctimas, en la reparación integral. Eso es una iniciativa judicial, en reparación integral, en la creación de un fondo”, puntualizó.
