Los diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley realizaron una denuncia contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por las detenciones a militantes peronistas a las que consideraron “arbitrarias e ilegales”. La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura.
La denuncia por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” se da en el marco del ataque consumado por militantes peronistas contra la vivienda del diputado libertario José Luis Espert, a la que le arrojaron bosta de caballo y colgaron pasacalles con mensajes amenazantes.
Quienes son los militantes involucrados por el ataque a Espert
Se trata de la funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, Alesia Abaigar; la edil quilmeña y presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Eva Mieri y los militantes Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían involucrados en la planificación y ejecución del ataque contra la casa del diputado.
En su denuncia, Recalde y Siley apuntaron contra Arroyo Salgado y la acusaron de “detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una cárcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal”.
Además, en la presentación afirmaron que (los militantes) “están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”.
Los abogados reclaman la liberación de los militantes detenidos
Por su parte, los abogados de los militantes K detenidos por el violento escrache contra el diputado José Luis Espert solicitaron la “liberación de las prensas” y, al igual que los legisladores, señalaron que todo se trata de una “persecución política, judicial y mediática”.
Las detenciones se realizaron luego de una serie de allanamientos que fueron encabezados por personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal de San Isidro. Todos los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N.° 2 del Dr. Juan Cruz Schillizzi.
