La jueza federal Sandra Arroyo Salgado denegó el pedido de excarcelación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, quien continuará detenida por su presunta participación en el escrache frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert, ocurrido el 17 de junio en Beccar. Según confirmaron fuentes judiciales, podría ser trasladada en las próximas horas al penal de Ezeiza.
La decisión fue tomada este viernes en el marco de una causa que investiga delitos como amenazas coactivas agravadas, incitación al odio por razones políticas, atentado contra el orden público, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de una patente.
La acusación y los elementos de prueba
De acuerdo con la resolución de la magistrada, Mieri habría utilizado una camioneta Chevrolet S10 perteneciente al municipio de Quilmes para trasladarse al domicilio de Espert. El vehículo, de una empresa constructora para tareas comunales, sería el que llevó el estiércol, y parte de su patente se tapó deliberadamente para evitar su identificación.
Arroyo Salgado señaló que la concejala habría formado parte, al menos transitoriamente, de una agrupación que tenía como objetivo "amedrentar" al diputado libertario y "condicionar su actividad política" a través del uso de la fuerza y el temor. En su fallo, citó conversaciones de Mieri con Alesia Abaigar, la otra funcionaria detenida días atrás y luego beneficiada con prisión domiciliaria, en las que coordinaron detalles previos al escrache.
También llamó la atención sobre el celular que portaba Mieri el día del hecho, el cual no registraba actividad anterior. “Es como si hubiera nacido ese día”, escribió la jueza.
Otros liberados y rechazo a los argumentos de la defensa
En paralelo, la magistrada ordenó la liberación de dos militantes peronistas también detenidos por el hecho: Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. Ambos recuperaron la libertad bajo caución, tal como había ocurrido el día anterior con Candelaria Montes Caté.
En cuanto a Mieri, su defensa había solicitado la excarcelación alegando su condición de concejala, su falta de antecedentes y la inexistencia de riesgos procesales. Sin embargo, Arroyo Salgado respondió que la inmunidad no impide una detención si existe una orden judicial, y remarcó que los delitos imputados tienen penas que pueden llegar hasta los 14 años de prisión.
