Claudio Lepratti fue asesinado por la Policía el 19 de diciembre de 2001, en medio de la brutal represión que dejó 39 muertos. Por entonces el pueblo entero hambreado reclamaba en las calles el fin del gobierno de Fernando de la Rúa y sus políticas de ajuste. La Policía era el principal órgano represor del Estado para contener el reclamo de un país que tenía a la mitad de la población bajo la línea de la pobreza.
León Gieco (quién sino) compuso poco después “El ángel de la bicileta” en honor al Pocho Lepratti, ese militante social que hoy es un símbolo y aquél día cumplía con su labor de ayudante de cocina en un comedor de Las Flores, barrio pobre del Gran Rosario. La policía llegó desde Arroyo Seco y empezó a disparar muy cerca del comedor, presuntamente para defenderse de disparos de los vecinos, nunca constatados. El Pocho salió a pedir a los gritos desde el techo. “¡No tiren, acá solo hay pibes comiendo!”.
Esteban Velásquez, con su itaka reglamentaria de la policía le tiró a matar. Una bala de plomo le atravesó la tráquea. Lepratti murió en el instante.
Anoche León eligió con precisión qué cantar en la plaza, durante el festejo por los 30 años de democracia, empañado por el levantamiento policial. Y el estribillo de su canción se hizo grito unánime contra la extorsión policial: “¡Bajen las armas!”.
Pero la Policía insiste en liberar zonas y ya son 12 los muertos y 20 las provincias involucradas en una crisis policial está lejos de resolverse. Y aún con un arreglo generalizado de aumento salarial, el problema sólo se pateará para más adelante.
Es la economía, estúpido
Veamos esto desde un costado más frío, si es que podemos tomar aire y respirar a pesar de tanta bronca. Además de los muertos y los miles de comerciantes arruinados por los saqueos, la crisis policial deja un problema serio para las cuentas de las provincias.
Por caso la Provincia de Buenos Aires, con 53 mil efectivos un sueldo promedio tras el aumento de 11 mil pesos (el mínimo pasó a $ 8.570), se verá en serias dificultades para pagar los sueldos. Y esto, sin el reclamo en cadena que todos esperan del resto de los empleados públicos. El gremio del personal médico ya anunció que pedirá el mismo aumento y los docentes plantearán un piso del 30% para las paritarias de febrero.
SI bien es indiscutible el derecho de los trabajadores a reclamar los aumentos, la presión presupuestaria que ésto va a generar en las arcas de la provincia es fenomenal. La realidad de las cuentas bonaerenses y las expectativas que el “arreglo” logrado por la Bonaerense generan en el resto de los trabajadores, con igual o más derecho que los policías a percibir una remuneración acorde con sus responsabilidades.
Cada mes, el gobierno bonaerense deberá desembolsar ahora 600 millones de pesos en sueldos, sólo para los uniformados. Lo bueno de la negociación es que fue pacífica y controlada -imaginénse el caos de Tucumán pero en Buenos Aires- lo malo es si el gobierno provincial está en condiciones de afrontar esos compromisos.
Si el efecto contagio se propaga a todos los empleados estatales (alrededor de 600 mil) y calculamos un sueldo promedio tras el aumento que podrá estar entre los 8 mil y los 11 mil pesos (pensando en el 30%), el estado provincial deberá pagar cada mes entre 4.800 y 6.600 millones de pesos. Por año, contando los aguinaldos, el 50% del presupuesto presentado para 2014 (179 mil millones de pesos) se destinaría a pagarle a los empleados públicos.
Todo indica que, sin la libertad política –por la fuerte presión que ejercerá Segrio Massa desde su caudal de votantes- para plantear nuevos impuestos, el gobernador Daniel Scioli tendrá que salir a pedir plata al Gobierno Nacional. Por ahora, CFK le dio el aval para del Estado Nacional para tomar deuda. Habrá que ver si lo quiere ayudar a ganar la batalla presupuestaria (y así encaminarlo hacia 2015) o habrá más palos en la rueda para las aspiraciones del gobernador.
