Nicolás Maduro sumó a su defensa a Barry Pollack, un abogado penalista de Washington con amplio recorrido en causas sensibles y conocido internacionalmente por haber participado en la negociación que permitió la liberación de Julian Assange.
De acuerdo con registros judiciales y reportes de ABC News y Reuters, Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal utilizada para alojar a acusados de alto perfil. En ese complejo, el líder chavista podría quedar sometido a un régimen de custodia reforzada o incluso aislamiento, debido a riesgos de seguridad dentro del penal.
La causa combina una fuerte dimensión política con el formato clásico de una acusación penal federal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro encabezó durante años una estructura estatal que facilitó el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, con apoyo de actores armados y redes criminales transnacionales.
En documentos oficiales se mencionan presuntos vínculos con organizaciones como las FARC y el ELN, además de referencias a carteles mexicanos y a la banda Tren de Aragua, señalados como parte del esquema de transporte y protección.
Según informaron Reuters y ABC News, la imputación abarca delitos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas, cargos vinculados con armas y maniobras de lavado de dinero. La fiscalía encuadra el expediente como la continuidad de una acusación inicial presentada en 2020, que tras la captura de Maduro entró en una etapa procesal visible en Nueva York.
La operación que derivó en su detención se desarrolló durante la madrugada del sábado en Caracas. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, participaron fuerzas especiales estadounidenses en coordinación con agencias federales, luego de ataques contra objetivos militares y sistemas de defensa aérea. El equipo que ingresó al lugar donde se encontraba Maduro lo redujo y lo sacó del país, tras lo cual fue trasladado a una nave de la Marina estadounidense antes de arribar a Nueva York.
En ese escenario aparece Pollack, socio del estudio Harris, St. Laurent & Wechsler y con trayectoria en litigios federales complejos. Su nombre ganó notoriedad global en 2024 por su rol en el acuerdo que permitió la liberación de Assange, tras años de prisión y disputas judiciales en el Reino Unido.
Su currículum incluye otros casos resonantes: participó en la defensa de Michael Krautz, vinculado al escándalo Enron y finalmente absuelto, y en la exoneración de Martin Tankleff, cuya condena por el asesinato de sus padres fue revertida tras 17 años de cárcel.
Para el chavismo, la contratación tiene una lógica pragmática. Si la causa avanza en el Distrito Sur de Nueva York, quedará en manos de una de las fiscalías más experimentadas de Estados Unidos en crimen organizado y delitos transnacionales.
Al mismo tiempo, medios como Reuters y AP indicaron que la estrategia de la defensa no se limitará a la prueba: también apuntará a cuestionar la captura y la jurisdicción, con argumentos ligados a inmunidad y estatus del acusado.
