La senadora Patricia Bullrich salió a defender públicamente su presión para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada de bienes lo antes posible, en pleno escándalo por las refacciones en su casa de Indio Cuá y el pago de 245.000 dólares en efectivo por obras. La líder de La Libertad Avanza sostuvo que no se trata de una cuestión personal, sino de transparencia política y de la presión que el caso genera sobre el propio gobierno y gabinete de Javier Milei.
En declaraciones a medios nacionales, Bullrich explicó que impulsó el pedido por considerar que el funcionario tiene en sus manos “la herramienta” para aclarar su situación patrimonial de forma rápida: la presentación de la declaración jurada. “Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, justificó, y agregó que, en un momento de alta exposición mediática, corresponde que los cargos de relevancia den explicaciones claras.
Sin esperar el vencimiento
La senadora se basó en las palabras que el propio Adorni pronunció en su informe de gestión ante el Congreso, cuando afirmó tener “una explicación” para todos sus gastos. Bullrich entendió que, si el funcionario se mostró tan seguro de su pulse, el paso lógico es acelerar la presentación de la declaración, sin esperar el vencimiento general del 31 de julio.
El reclamo de Bullrich no es un cuestionamiento desde la oposición, sino desde la propia bancada oficialista. La legisladora advirtió que el caso de Adorni “empantana” al gobierno y perjudica el proyecto político general, por eso considera clave que la prueba de la contundencia de sus finanzas llegue “cuanto antes mejor”.
Aunque Bullrich descartó hacer públicos los detalles de sus conversaciones con el presidente (por “confidencialidad” entre dirigentes del mismo espacio), dejó entrever que le transmitió su preocupación y la necesidad de claridad.
Mientras el jefe de Gabinete sostiene que no brindará información pública para no “obstruir” a la Justicia, el reclamo de la senadora exprime el debate interno: entre la defensa de la lealtad institucional y la exigencia de transparencia ante la sociedad, especialmente en un contexto de investigaciones penales sobre refacciones millonarias en dólares sin factura.
