En un gesto que busca acelerar el debate legislativo sobre la responsabilidad penal juvenil, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantendrá este viernes una reunión clave con los familiares de Jeremías Monzón. El encuentro, que anticipó el medio TN, del que también participará el abogado de la familia, Bruno Rugna, se produce en medio del reclamo oficialista por reducir la edad de imputabilidad en Argentina, llevándola de los 16 años actuales a los 13 años.
Jeremías Monzón, de apenas 15 años, fue víctima de un ataque brutal cometido por tres adolescentes que filmaron el asesinato mientras lo apuñalaban. Pese a que los atacantes fueron identificados, la disparidad en sus edades ha generado un vacío legal que indigna a los familiares: solo una joven de 16 años permanece detenida y bajo proceso, mientras que los otros dos implicados, de 14 y 15 años, fueron declarados no punibles por la ley vigente.
“Fue torturado”
"Jeremías fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres", denunció Bullrich a través de sus redes sociales, utilizando el caso como eje central de su defensa del proyecto de Ley Penal Juvenil. La senadora dirigió duras críticas al kirchnerismo, acusándolo de haber frenado estas reformas en el pasado y de permitir que delitos graves queden impunes bajo la excusa de la edad.
La familia de la víctima, apoyada por la recolección de firmas y movilizaciones populares, busca que el nuevo marco normativo sea bautizado como "Ley Jeremías". El abogado Bruno Rugna fue tajante al señalar la responsabilidad de los legisladores: "Cada diputado o senador que vote en contra de este proyecto va a tener las manos manchadas con la sangre de Jeremías".
Desde el Poder Ejecutivo, la presión es similar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha manifestado incluso que el piso de imputabilidad debería situarse en los 12 años, un escalón por debajo del proyecto que hoy encabeza Bullrich en el Senado.
Mientras la justicia santafesina avanza para intentar lograr la pena máxima de 15 años para la única imputada punible, el oficialismo confía en que el impacto social del video del crimen sirva como vehículo para que el Congreso apruebe la reforma. Para los impulsores de la ley, el caso Monzón representa un "punto de quiebre" donde la sociedad demanda que la edad deje de ser una garantía de libertad para quienes cometen delitos de extrema violencia.
