Burford Capital, principal beneficiario de la condena contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012, solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones. La petición se dio a conocer oficialmente el 15 de enero de 2026, tras haber sido anticipada días antes de Navidad.
Este proceso judicial, de gran complejidad y con múltiples aristas, podría extenderse por un largo periodo mientras se intenta persuadir a la magistrada para que tome una decisión en ese sentido. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en litigios internacionales, destacó que "Argentina rechaza todos los argumentos y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska". El Estado argentino presentará sus argumentos el próximo 19 de febrero.
Entre las medidas que Burford Capital reclama se encuentran la declaración del alter ego de entidades estatales como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas; la imposición de sanciones civiles; la presunción de que la evidencia no entregada sería desfavorable para Argentina; y una multa coercitiva de un millón de dólares diarios, además de la declaración de desacato.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encargada de la defensa del Estado, afirmaron que Argentina ha cumplido "plena y ampliamente con el proceso de discovery", entregando más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios. Consideran que la moción de Burford busca hostigar con solicitudes "intrusivas y desproporcionadas" como parte de una estrategia para "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica del país.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que "a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery. Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene". Burford es un bufete inglés fundado y dirigido por Christopher Bogart y Jonathan Molot, frecuentemente comparado con un "fondo buitre" por su modelo de comprar derechos de litigio y financiar juicios con la expectativa de obtener ganancias millonarias.
La sentencia original dictada por Preska, que condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares (más de 18.000 millones con intereses acumulados), fue apelada y tuvo audiencia en octubre. Sin embargo, en Estados Unidos las sentencias pueden ejecutarse mientras la apelación está en curso, por lo que Burford ha intentado cobrar desde el año pasado mediante diversas acciones, incluyendo intentar quedarse con las acciones que el Estado posee en YPF (51%) y demostrar que el Gobierno y la petrolera constituyen un mismo ente (alter ego).
Como parte de esta estrategia, Burford pidió la entrega de correos electrónicos y chats de funcionarios actuales y anteriores, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. La Procuración del Tesoro respondió que, bajo la legislación estadounidense, solo se pueden ordenar documentos en "posesión, custodia o control" del requerido, y que Argentina no tiene control sobre dispositivos personales de sus funcionarios, cuyas comunicaciones son inviolables según la ley local.
Aunque el Gobierno argentino prometió colaborar con los requerimientos, nunca lo hizo al nivel exigido por Burford y el tribunal, lo que fundamenta el pedido de desacato. Esta situación es delicada para Argentina, que busca reingresar a los mercados internacionales y prepara el evento "Argentina Week" en Nueva York, donde el presidente encabezará una convocatoria a inversores. Quedar en desacato ante un tribunal con jurisdicción en Wall Street sería un revés significativo.
Según Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, Burford cree que el país incumplió la orden porque sospecha que las comunicaciones personales podrían probar un control estatal tan intenso sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y Enarsa que justificaría considerarlas alter egos del Estado y permitiría embargar sus activos en Estados Unidos. Soler recordó que entre 2002 y 2015 fondos buitres intentaron sin éxito esta estrategia, siendo rechazados por la justicia estadounidense.
El 24 de diciembre, Burford anticipó su intención de pedir sanciones y un fallo de desacato, alegando la supuesta omisión de Argentina en presentar ciertas comunicaciones off-channel. No se espera una resolución sobre esta solicitud antes de fines de marzo, conforme al cronograma establecido.
