En el marco de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, la abogada Silvina Martínez presentó una impugnación ante la Junta Electoral bonaerense contra un grupo de candidaturas testimoniales, principalmente impulsadas por sectores del peronismo. El pedido se basa en la presunción de que varios postulantes no tienen intención real de asumir los cargos para los que se presentan.
Según Martínez, estas candidaturas “engañan al elector al momento de votar, dándoles una opción falsa” y vulneran el principio de buena fe electoral. En su presentación, apeló al artículo 22 de la Ley Electoral bonaerense (Ley N.º 5109) y citó antecedentes de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que en 2009 advirtió sobre los riesgos de validar este tipo de postulaciones sin vocación de ejercicio efectivo del cargo.
La abogada remarcó que su planteo se fundamenta en informaciones periodísticas y declaraciones públicas de algunos jefes comunales, que dejan entrever que no asumirán en caso de resultar electos. El objetivo, sostiene, sería fortalecer listas locales o asegurar el control político de sus municipios.
Intendentes apuntados y fundamentos jurídicos
En su presentación, Martínez citó a varios intendentes peronistas como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Pablo Zurro (Pehuajó) y a la vicegobernadora Verónica Magario. Según indicó, muchos de ellos reconocieron de forma pública o implícita que sus candidaturas son testimoniales.
A su vez, la letrada diferenció otros casos en los que los postulantes expresaron de forma clara su voluntad de asumir el cargo. Entre ellos mencionó a Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Pablo Petrecca (Junín). Esto, según explicó, refuerza las sospechas sobre las intenciones reales del resto de los candidatos impugnados.
Martínez solicitó que la Junta Electoral intime a los postulantes señalados a presentar una declaración jurada en la que confirmen su intención de asumir el cargo en caso de ser electos. También pidió que se evalúe la legalidad de las postulaciones en base al principio de buena fe y se tomen medidas para preservar la integridad del proceso electoral.
