La Ciudad de Buenos Aires busca poner fin a la escalada de violencia y mensajes amenazantes que alteraron el ritmo escolar en las últimas semanas. En una conferencia de prensa junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el fiscal general, Martín López Zabaleta, el Ejecutivo porteño presentó un protocolo de actuación inmediata que judicializa los hechos y endurece la supervisión sobre el entorno digital de los menores.

"No es una broma pesada, es un delito", sentenció Jorge Macri, subrayando que el fenómeno, aunque global, ya derivó en 25 intervenciones directas del Ministerio Público Fiscal en el distrito. El objetivo es claro: evitar la naturalización del pánico y garantizar que cada amenaza tenga consecuencias legales tanto para los alumnos como para sus adultos responsables.

¿Cómo deben actuar las escuelas?

El nuevo marco normativo distingue entre la "detección" (observación directa) y la "sospecha fundada" (denuncia verbal o digital). Ante cualquiera de estos escenarios, el personal educativo tiene límites estrictos de acción para garantizar su seguridad y la de los menores.

1. Intervención con armas de fuego:

• Prohibición de requisa: El personal docente no puede revisar mochilas ni intentar quitar el arma por la fuerza.

• Llamado al 911: Es obligatorio ante el menor indicio de un arma de fuego, esté o no activa la amenaza.

• Aislamiento seguro: Se debe acompañar al estudiante a un lugar reservado sin contacto físico brusco hasta que llegue la policía.

2. Armas blancas e "impropias":

• Se consideran armas blancas a cuchillos o navajas, e "impropias" a herramientas, vidrios o compases usados para amenazar.

• En estos casos, la policía solo interviene si hay un riesgo inminente; de lo contrario, se prioriza el abordaje institucional y el diálogo con la familia.

3. El rol de los padres:

• El protocolo establece que solo el adulto responsable, en presencia de la conducción escolar, puede abrir y revisar las pertenencias (mochilas) del menor.

Redes sociales y salud mental

Para la ministra Mercedes Miguel, gran parte de la problemática actual radica en la lógica de las redes sociales. Desde la Ciudad apuntaron contra las grandes empresas tecnológicas por la falta de responsabilidad en la difusión de contenidos violentos.

Como contrapartida, el Gobierno porteño reforzó la política de "aulas libres de celulares" y ya cuenta con el compromiso firmado de 48.000 familias que postergan la entrega del primer dispositivo móvil hasta la escuela secundaria. "Necesitamos recuperar el tiempo, el silencio y la compañía real por sobre el mensaje de WhatsApp", insistió Macri.

Cada episodio detectado debe ser asentado en el Libro de Actas y comunicado de inmediato a la Supervisión Escolar. La Ciudad advirtió que los establecimientos tienen la obligación legal de denunciar cualquier hecho que configure un ilícito penal.

En situaciones donde se sospeche que el propio adulto responsable vulnera los derechos del menor, se activará de forma automática el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).