En la noche de este jueves, la Cancillería envió una carta a la embajada de Ecuador en Buenos Aires, con el aval del presidente Alberto Fernández, para conceder asilo político a Duarte Pesantes. La exministra ecuatoriana vive desde el 12 de agosto del 2020 en la residencia oficial en Quito, junto a su hijo de 11 años y de padre argentino, en carácter de huésped por razones humanitarias. Ahora, tras haber sido informada sobre la decisión de los funcionarias argentinos, será considerada como asilada diplomática.
Leé también: La ministra de Mujeres gastará más de 15 millones de pesos en celulares
Según precisaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los motivos para otorgar ese estatus se funda en que el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados «han expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y otras garantías judiciales» en el procedimiento que culminó en la sentencia de 8 años por corrupción contra Duarte.
También, el escrito de la Cancillería sostiene que la decisión está encuadrada en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y que, de esa manera, el Gobierno procede con «apego al derecho internacional y su disposición a recurrir a los medios de solución de controversias disponibles en ese orden jurídico».
Por su parte, el gobierno de Ecuador envió un comunicado a Argentina cuestionando la decisión dado que, a quien pretenden beneficiar y proteger es una exfuncionaria condenada: «Las convenciones que normal el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes», señaló la Cancillería de Ecuador.
La exministra del expresidente Rafael Correa fue encontrada culpable de hecho de corrupción ligados a su actividad como funcionaria pública, específicamente por una trama de financiación irregular del movimiento Alianza País, la coalición que lideraba Rafael Correa. Estos hechos salieron a la luz por un cuaderno escrito por Pamela Martínez, ex asesora del presidente. Esa prueba contenía información sobre los aportes de varias empresas, entre ellas, la constructora Odebrecht. Desde que esta información se hizo pública y la justicia avanzó, tanto el expresidente Rafael Correa, como Duarte, permanecen como refugiados desde 2017 en la ciudad de Bruselas, Bélgica.
El gobierno del actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, -opositor al correísmo- considera que el juicio realizado por la Corte Nacional de Justicia «contó con todas las garantías procesales para los acusados». «El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción», explicó Lasso en la carta enviada a la Cancillería argentina.
Leé también: El fiscal Marijuán denunció a Tolosa Paz y Emilio Pérsico por incumplimiento de deberes públicos
LA CARTA DE LA CANCILLERÍA DE ECUADOR
El 27 de noviembre comenzó a rumorearse que el presidente Alberto Fernández -a pedido de CFK, íntima amiga de Rafael Correa- avalaría el asilo de Duarte, es por ello que la Cancillería a cargo de Juan Carlos Holguin realizó un comunicado oficial cuestionando la posibilidad de que Argentina hospedara a la exministra condenada.
«En relación con la nota publicada en el diario Clarín de Argentina, este sábado 26 de noviembre, con el título de «Polémica por el posible asilo en Argentina de una ex funcionaria de Rafael Correa condenada por corrupción», el Gobierno ecuatoriano se ve en el caso de recordar que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes».
En relación al artículo publicado en diario Clarín: pic.twitter.com/0uHP5S4cRV
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) November 27, 2022
Y sigue: «La señora María de los Ángeles Duarte fue sentenciada por la Corte Nacional de Justicia por el delito de cohecho a una pena privativa de libertad por ocho años en 2020. Su proceso, que se inició, desarrolló y concluyó con sentencia firme antes de que se inicie el actual gobierno ecuatoriano, contó con todas las garantías procesales para los acusados. El cohecho o soborno que halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción».
«Ecuador, en el marco democrático que le rige, reitera su respeto irrestricto a la independencia de la justicia y su decisión de luchar contra la impunidad y corrupción», concluye.
Además:
