En un contexto político cargado de desconfianza ciudadana y cuestionamientos a la representación democrática, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que busca ponerle fin a una práctica que considera profundamente lesiva para la institucionalidad: las candidaturas testimoniales.
Apoyado por sus pares Mariana Juri, Rodolfo Suárez y otros legisladores de su espacio, Abad propuso incorporar una nueva figura al Código Nacional Electoral. En concreto, plantea la creación del Artículo 139 bis bajo el título “Defraudación a los electores. Candidaturas testimoniales”, que establece una inhabilitación de cuatro años para presentarse a cargos públicos para aquellos candidatos que resulten electos y luego renuncien a asumir el cargo para el que fueron votados.
“Candidaturas engañosas”
“El sistema democrático no puede seguir tolerando las candidaturas engañosas. Es una estafa al votante y una burla a la voluntad popular”, sostuvo Abad en diálogo con la prensa. “El ciudadano vota para ser representado, no para ser engañado por estrategias de marketing o especulación política”, remarcó, con una crítica clara, aunque sin nombres, a quienes en el pasado recurrieron a este mecanismo como parte de su ingeniería electoral que hoy se vuelve a repetir.
Las candidaturas testimoniales, aunque no prohibidas legalmente hasta el momento, se han convertido en una práctica cuestionada por amplios sectores políticos y sociales. Implican postular a dirigentes de peso para reforzar una lista o traccionar votos, aún cuando se sabe, de antemano, que no asumirán el cargo en caso de ser electos. Sectores sostienen para justificar esta elección que “no es ilegal” hacerlo. El fenómeno fue especialmente polémico durante los últimos años, donde se han visto casos en todos los niveles de gobierno.
Para Abad, este tipo de maniobras “encienden una señal de alarma para la democracia”. Según explicó, el objetivo del proyecto no es solo sancionar una conducta, sino también “recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la calidad institucional” en un momento donde el descrédito político es uno de los grandes desafíos de la dirigencia. “El voto no puede usarse como herramienta de marketing ni como táctica para una interna partidaria. Las bancas no son premios ni trampolines: son responsabilidades”, enfatizó.
El camino legislativo
El proyecto de ley propone modificar la Ley Nº 19.945, agregando el artículo 139 bis con un criterio claro: quien no asuma el cargo para el que fue electo, sin una razón justificada de fuerza mayor, quedará automáticamente inhabilitado por cuatro años para postularse nuevamente, considerándose una especie de pena para el dirigente político.
La iniciativa ya comenzó a generar repercusiones dentro del Senado y promete abrir un nuevo frente de discusión sobre la transparencia electoral. Para Abad y sus cofirmantes, se trata de dar una señal clara de que la política debe recuperar su función original: representar con honestidad y compromiso a quienes confían su voto. Mientras tanto, el debate está servido, acerca de si las candidaturas testimoniales deben tener un costo legal o de si esta medida presentada por el dirigente de la UCR, comienza con la discusión de una política más ética.
