El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación destinada a privatizar AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La concesión tendrá una vigencia de treinta años para la prestación del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
Además, el contrato prevé la posibilidad de extender la concesión por hasta 10 años adicionales, durante los cuales AySA conservará la explotación exclusiva del servicio en la zona regulada. Asimismo, el 10% restante del paquete accionario continuará en manos de los trabajadores.
El Gobierno estima que la privatización generará ingresos cercanos a US$500 millones. De acuerdo con la propuesta oficial, la privatización se llevará a cabo en dos etapas: primero, la transferencia del control operativo a un privado, y luego, una oferta pública inicial para colocar un porcentaje adicional de acciones en el mercado.
"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", destacó Caputo en un mensaje publicado en X.
Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de privatizaciones promovido por el presidente Javier Milei y autorizado por la Ley Bases de 2024. El programa contempla la venta total o parcial de AySA, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Sofse (Trenes Argentinos), Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
De esta forma, se busca acelerar la transferencia de esas compañías al sector privado, con la intención de avanzar sustancialmente en el proceso antes de 2027. En distintas declaraciones públicas, el ministro sostuvo que las privatizaciones permitirán recaudar unos dos mil millones de dólares hasta fin de año.
El contrato para AySA había sido aprobado mediante la resolución 543, que incluye la obligación de continuar con el Plan de Acción de Transición 2024/26 hasta fin de año. Las metas pendientes de este plan deberán integrarse en el primer ciclo tarifario previsto para el período 2027-2031.
Desde el Ministerio de Economía aseguraron que deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio durante el proceso de privatización. El texto oficial establece que el modelo elegido no debe afectar la prestación del servicio público de agua y saneamiento.
El Gobierno sostiene que la privatización debe ir más allá de una simple transferencia accionaria e implica “una transformación profunda que garantice sustentabilidad, eficiencia y transparencia en el servicio”, según el Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
AS
