En junio de 2024, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, emitió la Resolución 452/2024 para exigir a provincias y municipios que decidan qué hacer con las obras inconclusas del plan Argentina Hace, lanzado en marzo de 2020 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. La medida apuntaba a que devolvieran el dinero, terminaran las obras con financiamiento nacional o asumieran los costos con fondos propios.
Este programa, destinado a realizar trabajos de infraestructura en 2.300 municipios, contaba con 951 proyectos pendientes cuando Caputo asumió, con un saldo total de 598.522 millones de pesos en manos de los municipios. La resolución expresó que "se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere".
Sin embargo, según datos obtenidos por Infobae, solo 11 municipios de tres provincias (Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba) devolvieron parte del dinero recibido. Entre ellos se encuentran Diamante, General Las Heras, Guaminí, San Benito, Viale, Colón, Monte Leña, Victoria, Chascomús, Libertador San Martín y Alejandro Roca.
El municipio de Victoria, en Entre Ríos y gobernado por Isa Castagnino (Partido Justicialista), fue el que más fondos restituyó, con 82,6 millones de pesos. Le siguieron Chascomús con más de 81,5 millones y San Benito con cerca de 70 millones. En el extremo opuesto, Monte Leña, en Córdoba, devolvió poco más de 600 mil pesos.
En total, los municipios que decidieron devolver el dinero alcanzaron apenas 370,8 millones de pesos durante 2024, lejos de los casi 600.000 millones que figuraban inicialmente en el programa.
Consultadas fuentes oficiales del Ministerio de Economía por Infobae, no hubo respuesta clara sobre el destino del resto de las obras, si fueron finalizadas con financiamiento nacional o con fondos propios de los gobiernos locales. La resolución fija que, para continuar las obras con fondos nacionales, estas deben concluirse en un plazo máximo de 120 días, siempre que se obtenga el aval correspondiente.
Además, si la provincia o municipio decide no seguir con la obra sin asistencia financiera pública, se debe evaluar de manera fundada si conviene o no continuar, considerando el avance, interés público y costos asociados.
La actualización de los montos a devolver se realiza según la Tasa Activa del Banco Nación vigente al momento de rescindir el convenio.
La iniciativa de Caputo surgió en un contexto de ajuste y control del gasto público, con un discurso firme que luego se flexibilizó. El propio ministro reconoció: "Le dábamos dos escarbadientes (...). Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político, yo tomaba una posición bastante cómoda de cómo tenía el soporte del Presidente...".
