El procurador general de la Nación Eduardo Casal, ultima los detalles de la presentación que realizará ante la Corte Suprema donde solicita que la actual condena a 6 años que recae sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita en el marco de la causa Vialidad, pase a 12 años.
Dicha pena contempla además del mencionado delito, administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De esta forma, el procurador busca sostener la misma postura del fiscal Mario Villar. La misma pide aumentar la pena para el caso de asociación ilícita y revocar las absoluciones.
Asimismo, el procurador solicitó que el delito de asociación ilícita también recaiga sobre el empresario Lázaro Baez, el exsecretario de Obras Pública José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, José Periotti.
Además, pidió que las absoluciones que recayeron sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro, sean revocadas.
Cuando podría resolver la Corte Suprema
En este punto no se puede hablar de fechas, ya que el máximo tribunal no se pone plazos para resolver. De todos modos, si la condena quedara efectiva antes de las elecciones, Cristina no podría ser candidata. Por el momento, la exvicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández define si se postulará a algún cargo a legisladora nacional o por la provincia de Buenos Aires donde podría competir para acceder a una banca en la Legislatura bonaerense por la Tercera Sección Electoral.
En este punto será clave el momento en el que la justicia se expida. El cierre de listas en la provincia es el 19 de julio, mientras que para las elecciones nacionales es el 17 de agosto.
Que decisión podría tomar el máximo tribunal
Tras el dictamen de Casal, la Corte tiene varios caminos y cada uno conduce a un escenario diferente.
El primero de ellos es rechazar el nuevo pedido de Casal y, de esta forma las condenas quedarán firmes. Cristina sería condenada a 6 años de prisión, no podría ejercer un cargo público por el resto de su vida y, en el caso de los funcionarios absueltos no se modificaría esa condición. La discusión pasaría por el lugar donde la expresidenta debería cumplir su condena, si en una cárcel o en su domicilio, ya que tiene 72 años y a partir de los 70 puede permanecer detenida en su vivienda, aunque no es obligatorio.
También podría darse el cierre de la causa. En ese hipotético caso, la Corte podría aceptar la postura de los abogados defensores y Cristina podría postularse a cualquier cargo.
La última implica que el proceso se dilate y esto posibilitaría a Cristina presentarse como candidata ya que no habría condena firme. Para este último escenario es necesario que la Corte acepte la postura de Casal y entienda que debe aplicarse la asociación ilícita porque cuando la Cámara Federal de Casación Penal la rechazó no se contestaron argumentos de la Fiscalía o no estuvo fundamentada. Ahí el proceso de estiraría porque la Corte puede enviar la causa de nuevo a Casación para que ésta dicte un fallo nuevo.
En caso de que Cristina se presente como candidata y obtenga una banca en el Congreso Nacional o en la Legislatura bonaerense y la condena queda confirmada, deberá ser removida del cargo a través de un proceso porque no podrá ser detenida por tener fueros.
