Un vuelco drástico en la narrativa pública del Caso Agostina Vega pone bajo la lupa las primeras horas críticas de la investigación policial y judicial en la provincia de Córdoba. Durante una comparecencia pública ante los medios, la querella familiar desglosó detalladamente los factores que permitieron a Claudio Barrelier —el principal imputado por el femicidio— permanecer fuera del radar de los pesquisas durante los compases iniciales del proceso.
El trágico hallazgo del cuerpo de la adolescente en el sector de Ampliación Ferreyra marcó el desenlace de una búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad por una semana. Sin embargo, las miradas hoy se centran en el presunto letargo institucional y en las declaraciones que empujaron a las autoridades hacia una vía muerta, perdiendo un tiempo que el padre de la víctima considera irreversible.
La pista de "Franco": el desvío que ralentizó el caso
De acuerdo con lo expuesto por Gabriel Vega, padre de la víctima, y sus asesores letrados, los doctores Fernanda Alaníz y Gino Torreani, las actuaciones iniciales de la Fiscalía no contemplaron a Barrelier como sospechoso debido a una hipótesis alternativa introducida formalmente en el expediente. Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad se concentraron inicialmente en rastrear a un individuo identificado únicamente bajo el nombre de "Franco".
Esta línea de trabajo, originada a partir de los testimonios aportados por el entorno materno de la menor, sugería que Agostina se encontraba bajo la compañía de dicho sujeto por voluntad propia. Tal versión obligó a los uniformados a destinar recursos logísticos en la geolocalización de domicilios y el cotejo de antecedentes penales de un perfil que finalmente no guardaba vinculación alguna con la desaparición. "El foco investigativo estuvo completamente desviado hasta el martes por la mañana. Se nos habló en un principio de esta persona como un simple 'amigo de la familia', postergando las medidas coercitivas directas contra quien hoy se encuentra tras las rejas", enfatizó la representación legal de la querella.
El quiebre del remís y las sospechas sobre el entorno
El rumbo de la causa criminal cambió sustancialmente tras la comparecencia de un testigo clave: el chofer del remís que transportó a la adolescente hacia el barrio Cofico. El recorrido detallado por el conductor redirigió las sospechas criminalísticas hacia una vivienda situada en la calle Juan del Campillo al 800, la cual se convertiría posteriormente en la escena central de las pericias.
A pesar de este indicio, la defensa de Gabriel Vega sostiene que la ambigüedad en los relatos primarios retrasó la imputación formal de Claudio Barrelier. No fue sino hasta una ampliación testimonial de la madre de la menor, Melisa Heredia, en la que se consignaron comunicaciones directas vía mensajería con el acusado, que el Ministerio Público Fiscal ordenó los allanamientos de urgencia y la correspondiente detención del sospechoso.
Antecedentes bajo la lupa judicial
El malestar de los allegados de Agostina Vega también roza el desempeño previo del aparato judicial. Durante el descargo periodístico, se fustigó con dureza la actuación del fiscal Iván Rodríguez en relación con un beneficio libertario otorgado a Barrelier en mayo de 2025. En aquella oportunidad, el imputado recuperó la libertad bajo el amparo de una fianza de cinco millones de pesos, en el marco de un expediente previo caratulado como supuesta privación ilegítima de la libertad.
Reclamo de imputación y severas críticas familiares
Gabriel Vega evitó los matices al referirse a la gestión de los datos iniciales y solicitó formalmente que se analicen las responsabilidades penales de quienes introdujeron relatos equívocos en la causa. “Frente a la desaparición de un hijo, la claridad debe ser absoluta desde el primer segundo. La ambigüedad solo fragmenta la eficacia de la justicia”, sentenció, confirmando además la ruptura y el distanciamiento definitivo con la madre de la joven.
La querella ya formalizó la petición ante el fiscal interviniente para evaluar si existió una maniobra tendiente a encubrir o dilatar el accionar policial por parte de miembros del círculo cercano. Insisten en que si los antecedentes y los nexos reales hubiesen sido puestos a disposición judicial desde el inicio, el destino de la historia penal sería sustancialmente diferente.
