La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había confirmado la mayoría de los procesamientos en la causa por lavado de dinero vinculada al escándalo de Securitas y la empresa estatal ENERSA. En ese contexto, solicitó la extradición del exsenador nacional Edgardo Kueider, quien debía ser alojado en una cárcel común para cumplir prisión preventiva. Sin embargo, desde Paraguay resolvieron juzgarlo por contrabando. Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos el 4 de diciembre de 2024 durante un control fronterizo, al intentar ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. Desde entonces, ambos cumplen arresto domiciliario en ese país.
La causa, caratulada como tentativa de contrabando de divisas, está en manos del juez Humberto Otazú, quien intervino en la audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos. En esa instancia se rechazaron los pedidos de nulidad de la acusación y de exclusión de pruebas presentados por la defensa. Asimismo, fue denegado el pedido de extradición formulado por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado.
“El juicio oral y público fue habilitado; se rechazaron los planteos de nulidad de la acusación y la exclusión de una prueba clave: los videos del circuito cerrado de seguridad”, declaró Otazú al diario El Observador de Paraguay. También fueron desestimados otros intentos de obtener el sobreseimiento definitivo.
Empresas fantasma y presuntos testaferros
Una de las operaciones más relevantes en la causa por lavado fue detectada en Paraná. Según consta en el fallo judicial, entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider canalizó al menos 41 millones de pesos (equivalentes a unos 152 mil dólares al momento de las transacciones) en la compra de propiedades a través de la desarrolladora CADUS SAS. También se acreditó la adquisición de una camioneta Chevrolet Trailblazer por más de cinco millones de pesos con fondos de origen presuntamente ilícito, utilizando intermediarios.
Las maniobras involucraron sociedades como Betail, Nopor Service SA, Lectus SA, Vía SNP Logística SA, Felsir Biotecnología SRL y Vijusa Industrial Argentina SA, entre otras. Además, fueron procesadas al menos ocho personas identificadas como colaboradores cercanos y presuntos prestanombres: José Carlos Nogueras, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Gabriela Patricia Saint Pierre, Ezequiel Gustavo Bovetti y Rita Soledad Machuca. Algunos permanecen detenidos, mientras otros fueron liberados por falta de mérito.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó las detenciones al detectar una red de sociedades sin actividad real, presuntamente utilizadas para canalizar sobornos pagados por la empresa sueca Securitas a cambio de contratos con organismos estatales.
La autodenuncia de Securitas
El caso tuvo un giro en 2019, cuando Securitas presentó una “autodenuncia” ante la Justicia argentina, tras un cambio en su conducción local. Según la empresa, durante años se realizaron pagos millonarios en sobornos a funcionarios públicos de distintos organismos, como AYSA, Renaper, Senasa, Anmac y ENERSA, con el fin de mantener contratos de seguridad privada o acelerar pagos por servicios prestados.
El vínculo de Kueider con ENERSA se remonta a su rol como secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, durante la gestión de Gustavo Bordet. Aunque el exsenador asegura no haber sido nunca director de la empresa, documentos y actas de asambleas lo señalan como representante en decisiones clave. Además, en videos incautados este año, se lo observa manipulando grandes sumas de dinero en su oficina de Paraná, entre 2018 y 2019.
