El caso de la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes, está próximo a afrontar un momento decisivo. El 27 de febrero comenzará el juicio oral en el Tribunal Federal de Corrientes, donde la Fiscalía convocó a declarar a cerca de 800 testigos.

La expectativa de la Fiscalía es que la gran cantidad de testimonios y pruebas presentadas logre quebrar el silencio de alguno de los siete imputados principales. Entre ellos, se encuentran María Victoria Caillava y Carlos Pérez, señalados como los presuntos cerebros detrás de la sustracción de Loan, además de Laudelina Peña, tía del niño, y el comisario Walter Maciel, entre otros.

Las acusaciones que pesan sobre estos implicados incluyen secuestro y encubrimiento, delitos que conllevan penas que van desde cinco hasta quince años de prisión. El fiscal federal Carlos Schaefer aseguró que la investigación está sólidamente fundamentada, destacando que la desaparición fue planificada en una zona sin cámaras ni testigos que pudieran intervenir.

Además, otras diez personas están acusadas de obstruir la investigación, manipular pruebas y defraudar a la administración pública, factores que han complicado la búsqueda y esclarecimiento del paradero de Loan Peña.

La Fiscalía confía en que el enfrentamiento directo de los acusados con los familiares de Loan durante el juicio contribuya a inclinar la balanza hacia la verdad, y así avanzar en un caso que conmocionó a la provincia y al país.

En paralelo, el gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, oficializó una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que permita encontrar a Loan. Esta medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y forma parte del Programa Nacional de Recompensas diseñado para incentivar la colaboración ciudadana.