A más de una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la causa judicial sumó un giro decisivo: el juez federal Julián Ercolini imputó a la exfiscal Viviana Fein y al juez Manuel De Campos por su actuación en las primeras horas del hallazgo del cuerpo. La acusación, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, señala que ambos funcionarios permitieron un procedimiento plagado de irregularidades que comprometió la recolección de pruebas y alteró la escena del crimen.

Según la investigación, en menos de diez horas ingresaron al departamento de Nisman 88 personas, entre funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad, personal técnico y políticos. La falta de control fue tal que no se hallaron huellas del propio fiscal en su vivienda, pero sí rastros de un prefecto que debía preservar el lugar. Para Taiano, la “desidia” de los magistrados impactó directamente en la posibilidad de esclarecer el hecho.

Escenario caótico

El departamento, ubicado en el piso 13 de una torre de Puerto Madero, se convirtió en un escenario caótico. Peritos forenses lo describieron como “una manada de búfalos” y testigos relataron que vecinos y visitantes pudieron circular libremente por el edificio incluso después del hallazgo del cuerpo. La cadena de custodia quedó rota desde el inicio, y las evidencias clave fueron contaminadas o directamente borradas.

Con las imputaciones a Fein y De Campos, la causa se abre hacia un nuevo eje: el rol de los servicios de inteligencia del Ejército, entonces bajo el mando del general César Milani. La Justicia investiga a más de 90 oficiales y agentes civiles vinculados al área, en busca de posibles maniobras de encubrimiento o interferencia en el caso.

El avance sobre el aparato de inteligencia se da en paralelo a la revisión de comunicaciones, movimientos y registros de ingreso al edificio, en un intento por reconstruir lo que ocurrió en las horas posteriores al crimen. La hipótesis de que Nisman fue asesinado y no se suicidó, sigue siendo el eje central de la causa, pero ahora con foco en quienes debían garantizar la transparencia del proceso y, en cambio, lo enturbiaron desde el primer momento.