El juez federal Guillermo Díaz Martínez dictó una orden judicial para que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablezca en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia de Catamarca. Además, dispuso que se paguen los haberes que fueron retenidos a los titulares afectados.
Esta medida, aunque específica para Catamarca, podría sentar un precedente para otras acciones similares en distintas provincias, según advierten expertos en la materia. La decisión judicial responde a una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, varios ciudadanos y el Defensor del Pueblo catamarqueño.
Lo legal
En la demanda se cuestiona el decreto 843/24, que impuso criterios más restrictivos para acceder a las pensiones por invalidez, situación que los denunciantes consideran inconstitucional. Denunciaron además que las auditorías realizadas para evaluar a los beneficiarios fueron “irregulares y lesivas”, con notificaciones defectuosas, distancias demasiado largas para que los pensionados puedan presentarse y plazos insuficientes para cumplir con los requerimientos.
Incluso, se documentaron casos en los que los pensionados acudieron a las citas programadas y no encontraron personal disponible para atenderlos, agravando la situación.
El juez Díaz Martínez fundamentó su decisión en la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”, destacando que los haberes tienen un carácter alimentario y son indispensables para la subsistencia de quienes los reciben. Por este motivo, dictó la medida cautelar sin previo aviso al Estado Nacional.
El fallo fue remitido al Registro de Procesos Colectivos para investigar si existen causas similares que podrían beneficiarse de una resolución equivalente, lo que podría extender el impacto de esta medida a otras provincias del país.
En Catamarca, según consta en la causa, la baja de pensiones comenzó en julio. Los titulares de estos beneficios se enteraron de la interrupción directamente por la falta de pago de sus haberes. En algunos casos, recibieron notificaciones por carta documento que debían retirar del Correo Argentino, las cuales estaban redactadas en un lenguaje técnico complejo y, según los denunciantes, presentaban defectos en los requisitos exigibles.
