La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más compleja. Una segunda testigo clave —la secretaria del piloto y broker Agustín Issin Hansen— se presentó ante el juez federal Ariel Lijo y aportó una definición que golpea el núcleo de la defensa oficial: aseguró que el traslado de la familia del Jefe de Gabinete a Punta del Este fue, en rigor, una "invitación de Marcelo Grandío".
Según reveló, esta declaración testimonial no solo refuerza la hipótesis del fiscal Gerardo Pollicita sobre el presunto delito de dádivas, sino que desmiente de forma tajante lo afirmado por el propio Adorni en conferencia de prensa, donde sostuvo que él mismo se había hecho cargo de los costos de sus vacaciones.
Pagos en efectivo
El expediente judicial, que ya cuenta con los registros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras el allanamiento a la TV Pública, detalla una logística financiera poco habitual para un funcionario público:
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El origen de los fondos: El periodista y contratista estatal Marcelo Grandío adquirió un paquete de vuelos a la firma Alpha Centauri a través de su productora, Imhouse S.A.
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La operatoria del regreso: El tramo de vuelta, valuado en US$ 3.000, se pagó íntegramente en efectivo y fue entregado por un tercero. La confirmación del pago no fue un recibo formal, sino un mensaje de WhatsApp.
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Factura extemporánea: El documento contable se emitió recién el 9 de marzo, varias semanas después del vuelo realizado el 17 de febrero. El broker Issin justificó la demora alegando que se encontraba de viaje.
La Justicia federal trabaja sobre tres ejes principales para determinar la gravedad del vínculo entre Adorni y Grandío:
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Negociaciones incompatibles: Se investiga si los contratos que la productora de Grandío mantenía con la TV Pública fueron el "pago" indirecto por el financiamiento de los lujos del funcionario.
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Dádivas: La aceptación de un beneficio económico (el vuelo) por parte de un proveedor o contratista del Estado.
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Inconsistencia patrimonial: La unificación de esta causa con la investigación sobre la compra de un departamento en Caballito busca determinar si el nivel de vida de Adorni se condice con sus ingresos declarados.
Por el momento, el juez Lijo ha decidido no citar a Grandío. La estrategia consiste en agotar primero la recolección de pruebas (audios, chats y contratos estatales) para decidir si el empresario debe declarar bajo juramento o si existen elementos suficientes para llamarlo a indagatoria como imputado.
