La Cámara Federal ratificó la decisión que había tomado el juez Daniel Rafecas en junio de realizar el juicio en ausencia a los diez acusados por el atentado a la AMIA, perpetrado hace más de 31 años.
A partir de este fallo, la Unidad Fiscal AMIA deberá presentar el pedido de procesamientos ante el magistrado para seguir con el proceso judicial sobre los sospechosos iraníes y libaneses: exfuncionarios del gobierno de Irán y miembros de Hezbollah.
Ellos fueron señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertes y más de 150 heridos. En julio de este año, su defensa pública apeló la resolución de Rafecas de llevar adelante un juicio en ausencia.
Esa jugada respondía a un trámite formal que se debe realizar en la justicia local para que no se cancele el proceso y se pueda avanzar a la etapa de juicio.
La apelación se interpuso en representación de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Todos son ciudadanos iraníes o libaneses y la justicia sospecha que fueron responsables de planificar y llevar a cabo el atentado mediante del grupo Hezbollah. Poseen pedido de captura y alerta roja de Interpol desde 2006.
Sin embargo, nunca fueron detenidos ya que la mayoría vive en Irán, un país que no deporta a sus ciudadanos y que, por motivos geopolíticos, consiguió que las alertas no se activen mientras viajaban en el exterior.
Detalles de la decisión de Rafecas
Para la resolución que definió hace tres meses, Daniel Rafecas se basó en la nueva ley de juicio en ausencia, sancionada por el Congreso este año, que permite avanzar en procesos penales cuando los acusados evitan sistemáticamente a la justicia.
El fallo del juez sostiene que, hace años, habían declarado rebeldes a los sospechosos y, “a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados”, ellos nunca respondieron a los pedidos de extradición.
La hipótesis principal de la investigación es que el atentado fue organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en Argentina y en la Triple Frontera.