La causa que investiga una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un obstáculo inesperado: la imposibilidad de acceder al contenido de los teléfonos celulares de los hermanos Kovalivker, directivos de la droguería Suizo Argentina, empresa clave en el circuito de provisión de medicamentos al Estado.
La firma israelí Cellebrite, desarrolladora de la herramienta forense UFED, informó al Ministerio Público Fiscal que actualmente no dispone de la tecnología necesaria para desbloquear el Samsung de última generación secuestrado a Emmanuel Kovalivker. Su hermano Jonathan entregó un iPhone, también sin clave, que aún no pudo ser abierto. Los investigadores confían en que, al no actualizarse, el dispositivo se vuelva vulnerable a futuras herramientas de acceso.
Avances parciales y teléfonos clave
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente del Ministerio Público Fiscal, logró extraer el contenido del celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. En el dispositivo se detectaron mensajes borrados, mientras que un segundo aparato secuestrado al exfuncionario estaba dañado e inoperativo.
El único funcionario que aportó voluntariamente su clave fue Daniel María Garbellini, también desplazado por el Gobierno. Además, se logró acceder al teléfono de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker durante un operativo judicial.
La trama empresarial bajo sospecha
La Justicia investiga si Suizo Argentina, propiedad de los Kovalivker, tuvo un rol activo en la presunta recaudación de retornos entre prestadoras y funcionarios. En los audios atribuidos a Spagnuolo, que serían clandestinos y editados, se escucha: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”.
La empresa, una de las más importantes del país en distribución de insumos médicos, recibió adjudicaciones millonarias en los últimos años. El fiscal Franco Picardi busca determinar si existió una red de intermediación que elevaba precios y canalizaba sobornos a través de operadores privados.
