El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa creciendo a medida que avanza la investigación judicial del Fiscal Franco Picardi. El caso tomó visibilidad tras la circulación de audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y derivó en una pesquisa que puso bajo la lupa a una supuesta red paraestatal con vínculos políticos, empresariales y administrativos. Según la investigación encabezada por la fiscalía, una de las figuras clave es Miguel Ángel Calvete, señalado como articulador de un entramado que excedía ampliamente los límites de la agencia.
Calvete, actualmente detenido en otra causa por explotación económica de la prostitución, habría operado una estructura de protección enquistada en sectores estratégicos del Estado. Según reconstrucciones periodísticas del medio Infobae y judiciales, ese esquema funcionó durante años, combinando intermediarios, favores y desvíos que permitieron sostener maniobras ilícitas vinculadas a contrataciones y pagos irregulares.
La heladera de Calvete
Uno de los elementos más llamativos surgió durante los allanamientos: en la heladera de la vivienda de Calvete, los investigadores encontraron un papel pegado con imán que instruía cómo responder ante consultas sobre distintas empresas asociadas a la causa —Indecon, Finfox, Profarma, Reposán y Vmax—, así como sobre él mismo o su pareja, Guadalupe Muñoz. La indicación era siempre la misma: “Acá no es”. El mismo instructivo señalaba los pasos a seguir en caso de allanamientos, incluyendo avisar de inmediato al abogado Camilo Cordero Fabbri. Ese detalle alimentó sospechas sobre la amplitud de la red, ya que el abogado ocupa un rol en la Oficina Anticorrupción vinculado a la admisión de denuncias.
La magnitud del presunto desfalco profundizó el impacto del caso. El fiscal a cargo estimó que el circuito de desvíos podría superar los 37 mil millones de pesos. En los procedimientos se secuestraron bienes, documentación, dinero en efectivo y los 700 mil dólares hallados en la casa de Calvete. Su hija, Ornela, afirmó que parte del monto —50 mil dólares y 1.900 euros— le pertenecía y correspondía a gastos de un viaje, aunque dijo desconocer el origen del resto. Declaración que pone los ojos en su padre, sin desconocer la presunta responsabilidad de su hija.
La condena de Calvete
Otro elemento que genera controversia es que Calvete, pese a tener una condena firme por proxenetismo dictada en 2019, permanecía libre y, según los investigadores, seguía operando mediante contactos en distintas oficinas estatales, lo que expone la profundidad de la red y sus ramificaciones. Para especialistas en temas judiciales que analizaron el caso, este dato revela un funcionamiento sistémico que excede un hecho puntual de corrupción.
El proceso judicial involucra a 21 imputados. La mayoría, incluido Calvete, prefirió no declarar. Ahora la fiscalía evalúa si alguno de ellos podría acogerse a la figura del “imputado colaborador” para aportar información sobre los niveles superiores de la presunta cadena de mando. Mientras la causa avanza, la trama que rodea al llamado “Coimagate en la ANDIS” continúa revelando datos que sugieren un circuito complejo en el que convergen intereses políticos, económicos y empresariales, con un alcance que aún está lejos de esclarecerse por completo.
