Sentada en el banquillo de los acusados como cabecilla de una asociación ilícita vinculada a una extensa red de sobornos que operó durante doce años, Cristina Kirchner informó que Juan Grabois se integrará a su equipo de abogados para el próximo juicio por corrupción que enfrentará en relación con la firma del Pacto con Irán.
Actualmente, la ex presidenta cumple prisión en la cárcel de San José 1111 tras una condena vinculada al caso Vialidad. Paralelamente, desde hace cuatro semanas, participa de manera virtual en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que la juzga como la principal responsable de una organización criminal dedicada a la recaudación ilícita de fondos entre 2003 y 2015.
Entre los procesos judiciales que enfrenta, se encuentra la causa iniciada tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán. Esta acusación motivó la apertura de un juicio oral público, luego de que la Corte Suprema de Justicia revirtiera un sobreseimiento previo.
El máximo tribunal ordenó la realización del juicio tras la apelación de las querellas, dejando sin efecto el sobreseimiento que beneficiaba a Kirchner y a otros nueve imputados, entre ellos Juan Martín Mena, Carlos Zannini, Andrés Larroque y Oscar Parrilli.
De cara al año 2026, cuando podría comenzar el debate a cargo del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) con una nueva integración, la ex mandataria anunció que, además de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se sumará Juan Grabois como asesor legal, sin que esto implique la exclusión de sus letrados actuales.
Ya fueron aceptados aproximadamente 300 testigos para el juicio, que analizará el supuesto intento de encubrimiento a cinco imputados iraníes señalados como autores intelectuales del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 y perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.
El tribunal estará conformado por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Cabe destacar que dos magistrados que intervinieron en la causa que llevó a la primera condena por corrupción contra la ex vicepresidenta fueron recusados, pero el planteo fue rechazado, confirmando la realización del juicio oral y la composición del tribunal.
