La causa judicial contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, ingresó en su etapa final. El fiscal federal Ramiro González trabaja en el pedido de elevación a juicio oral, luego de que en abril la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del exmandatario por los delitos de lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género, lesiones graves y amenazas coactivas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron desde al menos 2016 hasta agosto de 2024, en un marco de “relación asimétrica de poder” y “violencia habitual y constante” ejercida por Fernández. El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, destacó que la víctima sufrió un deterioro en su salud física y psicológica. Además, que la situación se desarrolló en un entorno de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos.

El fiscal González cerró la instrucción y solicitó las opiniones de las partes antes de avanzar con el requerimiento. En su presentación, Yañez pidió una pena de 12 años de prisión. También rechazó cualquier tipo de beneficio procesal, como la suspensión del juicio a prueba.

Rechazo a los planteos de la defensa

La defensa de Alberto Fernández presentó distintos pedidos para incorporar nuevas pruebas y dilatar la instancia final. Sin embargo, el juez federal Julián Ercolini rechazó todos los planteos, señalando que el debate oral ofrece mayores garantías para ejercer la defensa. “La medida dispuesta no veda en forma alguna la garantía de defensa en juicio del imputado; por el contrario, entiendo que con el avance hacia la instancia posterior encontrará un marco adecuado de discusión”, sostuvo el magistrado.

En febrero de este año, Ercolini ya había dictado el procesamiento del expresidente. Al mismo tiempo, dispuso un embargo de diez millones de pesos sobre sus bienes y ordenó una restricción perimetral. La medida prohíbe a Fernández acercarse a menos de 500 metros de Yañez o comunicarse con ella por cualquier medio, sea físico, telefónico o digital.

Por su parte, el exmandatario apeló la resolución con un escrito de 59 páginas en el que rechazó todas las acusaciones. Alegó que no existen pruebas directas y que los supuestos chats en los que Yañez narraba episodios de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original. “La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa.