La Justicia le dio un duro revés al amigo del expresidente Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, tras procesar a su empresa, la cual está sospechada de ser partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública y le trabó un embargo de bienes y dinero por una suma de 2.870.729.545,61 pesos.
La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante el Gobierno de Fernández y además, decidió procesar a otras seis empresas intermediarias y a un exfuncionario de la Quinta de Olivos.
Qué dice la resolución de Casanello y en qué consistía la maniobra
El magistrado aseguró en su fallo que "los hechos ilícitos tuvieron como marco el escenario generado tras el dictado del decreto 823/2021 por parte del entonces presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández, que imponía la obligación al sector público de contratar sus seguros en forma exclusiva con “Nación Seguros S.A.”.
La presunta maniobra realizada por Martínez Sosa consistía en la imposición de brokers privados en contrataciones que los diferentes organismos estatales podían hacer de forma directa con Nación Seguros, es decir que cobraban sumas millonarias por cada contrato y generándole un perjuicio económico al Estado.
Por otra parte, Martínez Sosa tenía una relación directa con Fernández y diferentes funcionarios de la quinta presidencial, lo que le facilitaba esquivar controles y se cree que muchas de las reuniones fueron facilitadas por el exadministrador de Olivos, Hugo Rodríguez, quien no anotaba en los controles de acceso cada ingreso del íntimo amigo del primer mandatario.
Además de la empresa de Martínez Sosa, la Justicia procesó a otras compañías como Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos y TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos.
En el caso de San Germán Seguros S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A les trabó embargos por 6.582.763.800,51 pesos y 1.872.781.809,21 pesos, respectivamente, además de ser imputadas por el delito de cohecho activo, por supuestos pagos de sobornos, según el portal TN.
