Luego de determinar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados por la Causa Vialidad debían devolver 85.000 millones de pesos, ahora el cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema actualizó el monto y deberán devolver $ 684.990.350.139,86, es decir, unos 537 millones de dólares al cambio de este viernes.
Para llegar a esa astronómica cifra, la Justicia analizó 51 licitaciones que quedaron en manos de Lázaro Báez que, terminó obteniendo el 86% de las obras viales que el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.
Más allá de esa maniobra, la empresa Austral Construcciones, que era propiedad de Báez cobró sobreprecios del 64%, además de que las obras en las rutas quedaron abandonados a pesar de haber recibido el total del dinero de los contratos.
Los jueces dijeron que el beneficio era “imposible de cuantificar” y que el mismo fue de “índole claramente financiero y cuya existencia resulta, a todas luces, incontrovertible. La contracara, y que aquí́ nos interesa resaltar, es que el Estado Nacional precisamente renunciaba a ese beneficio totalmente intangible e incuantificable y se lo transfería a un empresario privado”, según informa el Diario Clarín.
La Justicia avanza en el decomiso de los bienes y poder cobrar el dinero
En ese sentido, la Justicia deberá intimar a los condenados para que en el plazo de diez días depositen los fondos. Si éstos no cumplen, se comenzará con la ejecución de los bienes mediante embargos.
Para poder llevarlo a cabo esa maniobra, los embargos deben ser actualizados y, para eso, se les solicitarán informes a los registros de la propiedad. De esa forma, se podrá tener noción sobre cuantos son los bienes que deberán ser devueltos.
En ese sentido, el fiscal general Diego Luaciano señaló que “la efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”.
Por otra parte, elaboró un informe de 40 páginas donde enumera una por una las empresas y propiedades de la expresidenta y lo que le cedió en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia.
Además, se informó que determinados bienes podrán ser administrados por organismos estatales, en cambio otros podrán ser rematados.
