Algunos lo han considerado un fallo histórico y así lo fue, el mundo presenció la condena a la dos veces presidente de la República Argentina. Una dirigente política que es líder para la mitad del país y por otra parte, representa lo peor de la política nacional. Cristina Fernández de Kirchner y los ocho condenados en la causa Vialidad, como fue denominada, tienen apenas diez días hábiles para reunir y transferir al Estado una suma que parece salida del presupuesto de una provincia: $684.990.350.139,86.
El dinero debe depositarse en una cuenta del Banco Nación. Si no lo hacen, comenzará la segunda fase del proceso: el decomiso. Subastas, remates, bienes heredados, propiedades donadas a los hijos, todo puede entrar en juego. El Estado va a cobrar, por la fuerza si es necesario.
El trabajo de los fiscales
Detrás de esta decisión está el trabajo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes no solo impulsaron la causa hasta la condena, sino que ahora trazaron un minucioso inventario del patrimonio de los acusados. En ese legajo figuran desde cuentas bancarias y cajas de seguridad hasta hoteles en El Calafate y sociedades comerciales con nombres que remiten al corazón mismo del kirchnerismo.
La cifra astronómica no fue elegida al azar. Surge de los beneficios que, según la Justicia, recibió Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, donde Austral Construcciones acaparó el 80% de los contratos, y del sobreprecio promedio del 20% que pagó el Estado por esas obras. El delito, según los fiscales, tuvo un correlato económico tangible. Y ahora, quieren cobrarlo.
Pero la situación de Cristina Kirchner tiene una capa extra de complejidad: muchos de los bienes que podrían ser ejecutados ya están embargados en otra causa, la de Hotesur-Los Sauces, donde se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero a través de su cadena hotelera y la inmobiliaria familiar. Es decir, no solo hay superposición judicial, también un patrimonio enredado entre herencias anticipadas y usufructos legales.
Entre los bienes identificados se encuentran:
-Cuentas en pesos y dólares, cajas de seguridad y plazos fijos.
-Cuatro cuentas comitentes para inversiones bursátiles.
-Dos departamentos en Recoleta.
-Veinticuatro inmuebles en Santa Cruz, incluidos la casa familiar y el hotel boutique Los Sauces.
-Tres sociedades: Hotesur, Los Sauces y COMASA, todas transferidas a sus hijos Máximo y Florencia.
A pesar de esto, la última declaración jurada de la exvicepresidenta, presentada a fines de 2023, muestra un perfil más modesto: un patrimonio declarado de $249 millones, sostenido en gran parte por acciones en gigantes internacionales como Apple, Microsoft, Mercado Libre o Berkshire Hathaway. También informó tener $1,7 millones distribuidos en cuentas bancarias locales y un Toyota Corolla híbrido como único vehículo. No figuran propiedades a su nombre. Las dos viviendas que alguna vez integraron el patrimonio conyugal, el departamento de Juncal y Uruguay, y la residencia de El Calafate, fueron donadas a sus hijos en 2016, aunque mantiene el usufructo vitalicio.
