Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitan la ejecución de veinte propiedades de la familia Kirchner, en el marco del pedido de ejecución patrimonial de todos los condenados de la causa Vialidad, entre ellos, Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
En un dictamen de 23 páginas al que tuvo acceso Clarín, ambos detallaron que, entre los inmuebles, hay hoteles, terrenos, casas y complejos de departamentos.
Una de las propiedades listadas es el hotel Los Sauces Casa Patagónica, ubicado al lado de la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate, un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez para la inmobiliaria de la familia Kirchner.
También, la fiscalía pidió el decomiso de terrenos y otras propiedades localizadas en la ciudad de El Calafate que en su totalidad fueron cedidas en partes iguales, a Máximo y a Florencia Kirchner.
En lo que respecta a Lázaro Báez, los fiscales incluyeron 89 inmuebles. La mayoría de ellos están en Santa Cruz, pero también sumaron departamentos y cocheras que se encuentran en Capital Federal. En particular, Báez perderá departamentos, terrenos, casas, la propiedad donde cumplía arresto domiciliario en El Calafate (emplazada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner) y un grupo de estancias.
Igualmente, en el dictamen aclararon que "los inmuebles identificados mediante el presente, claro está, no agotan la totalidad de los bienes decomisables; por el contrario, constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme".
Es decir, que esto es la primera parte de la ejecución patrimonial. Más adelante, la fiscalía solicitará el mismo accionar sobre otros bienes de la familia Kirchner.
El contexto del pedido
El 15 de julio, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) intimó a Cristina, Lázaro, José López, Nelson Periotti y los demás acusados a pagar la suma de 684.990.350.137,86 pesos. Esa cifra debía ser depositada a cuenta y orden del tribunal, en el plazo de diez días hábiles tras la notificación de la resolución.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, el dinero exigido es resultado directo del delito cometido. Los condenados deben responder, en este caso, con sus respectivos patrimonios al decomiso por haber sido considerados culpables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Cuando se dictó la sentencia, en diciembre de 2022, se fijó en 85 mil millones de pesos el monto del fraude cometido alrededor de los 51 procesos licitatorios viales con los que se benefició Lázaro Báez, quién fue socio comercial de la exvicepresidente, sistemáticamente y bajo mecanismos irregulares.
A pesar de la intimación del TOF 2, ninguno de los acusados pagó. De hecho, Cristina quiso suspender el proceso de ejecución patrimonial. Ante esa situación, el tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó el planteo y fijó las pautas del decomiso.
Allí se determinó que los bienes alcanzados por el decomiso son aquellos incorporados al patrimonio durante el tiempo que duró la maniobra delictiva, entre 2003 y 2015, cuando tuvo desarrollo la administración fraudulenta.
