La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), ahora bajo la conducción de Sebastián Amerio, solicitó formalmente a la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York la suspensión inmediata de la etapa de recolección de pruebas (conocida como Discovery), calificando el accionar de los demandantes como un "circo procesal".
La medida apunta a congelar las exigencias de Burford Capital, el fondo que lidera el reclamo por la expropiación de YPF en 2012. Con intereses acumulados, la condena de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska ya supera los USD 18.000 millones, una cifra que el Gobierno busca revertir apelando a la soberanía nacional y a errores en la aplicación del derecho local.
Un freno a la "intrusión" documental
La presentación de emergencia de la PTN exige la paralización de la audiencia probatoria fijada para finales de abril. Argentina argumenta que continuar con el proceso de ejecución mientras se resuelve la apelación de fondo generaría un "perjuicio irreparable".
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Cumplimiento previo: El Estado acreditó haber entregado más de 115.000 páginas de documentos y 37 horas de testimonios de altos funcionarios.
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Privacidad vulnerada: La defensa técnica denunció la entrega de más de 800 páginas y 86 audios provenientes de dispositivos personales de funcionarios, una medida que consideran desproporcionada.
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El factor "Alter Ego": Burford intenta demostrar que el Estado y la petrolera son la misma entidad para facilitar el embargo de activos, una estrategia que la Procuración califica de improcedente.
El respaldo estratégico de la Casa Blanca
Un dato que fortalece la posición argentina es el reciente escrito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El organismo estadounidense se presentó en favor de la posición argentina, advirtiendo que el nivel de Discovery exigido:
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Afecta los principios de reciprocidad internacional.
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Plantea serias preocupaciones de política exterior.
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Resulta excesivamente intrusivo para una nación soberana.
El Departamento de Justicia solicitó, además, participar de forma oral en la audiencia del próximo 16 de abril, donde se discutirá la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF, una de las mayores amenazas que pende sobre el patrimonio nacional.
La moción de emergencia marca el debut de Sebastián Amerio tras su designación oficial ayer. Para garantizar la continuidad técnica en una causa de tal magnitud, el anterior titular, Santiago María Castro Videla, permanecerá en el organismo como Subprocurador, integrando un tridente operativo junto a Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.
