Claudio "Chiqui" Tapia compareció ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en el marco de la investigación por la presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales, una causa que pone bajo la lupa un monto superior a los 19.300 millones de pesos.
Siguiendo la línea defensiva del tesorero Pablo Toviggino y del resto de la cúpula directiva, Tapia optó por el silencio estratégico: entregó un escrito de 21 páginas y se negó a responder interrogatorios. "Cumplimos con lo que quería el juez", sentenció al abandonar el edificio de la Avenida de los Inmigrantes, buscando transmitir una imagen de normalidad en un proceso que, por primera vez, lo coloca en riesgo de procesamiento a solo tres meses del inicio de la Copa del Mundo.
La estrategia de la AFA
Minutos después de la audiencia, la entidad madre del fútbol emitió un duro comunicado en el que calificó la difusión mediática del caso como "distorsionada". Según la AFA, no existió delito alguno, sino el uso de derechos de alivio fiscal otorgados por el propio Estado.
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El argumento central: La defensa sostiene que la deuda ya fue saldada con intereses y que no hubo "voluntad criminal".
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El conflicto temporal: Los abogados subrayan que el Gobierno de Javier Milei denunció en diciembre deudas que datan de marzo de 2024, ignorando resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que —según la AFA— impedían ejecutar dichas obligaciones.
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Fondos disponibles: Un punto crítico de la acusación de Amarante es la constatación de que la entidad poseía el dinero en plazos fijos del Banco Credicoop al momento del vencimiento, lo que complicaría el argumento de la falta de liquidez.
La disputa por la Finalissima
A pesar de la gravedad de la imputación —que prevé penas de dos a cinco años de cárcel—, Tapia no desaprovechó la oportunidad para marcar agenda deportiva. Tras la suspensión de la sede de Qatar debido al conflicto bélico en Oriente Medio, el dirigente blanqueó la puja por la localía del duelo entre los campeones de América y Europa. "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue allá, pero yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó Tapia.
Esta declaración busca capitalizar el fervor popular por la Selección en un momento de debilidad judicial, donde el dirigente enfrenta una prohibición de salida del país que podría agravarse si el juez dicta el procesamiento en los próximos días.
La llegada de Tapia en su camioneta Toyota SW4 blanca estuvo rodeada de un fuerte operativo de la Policía Federal. El dirigente evitó pronunciarse sobre las explosivas declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien había sugerido un plan del asesor presidencial Santiago Caputo para intervenir la AFA, provocando una airada respuesta de la Secretaria General, Karina Milei.
La causa, iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entra ahora en una fase de definiciones.
