El Gobierno Nacional y la provincia de Chubut, liderada por Ignacio Torres, están a punto de sellar un acuerdo pionero que busca reactivar la industria petrolera regional a través de un esquema de esfuerzos compartidos y una significativa modificación fiscal.
El gobernador Torres confirmó que este martes se oficializará el "primer acuerdo de baja de presión fiscal" entre Nación, la provincia, los gremios y las operadoras petroleras. La reunión en la que se formalizará el pacto contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli y conforma un nuevo acercamiento entre el Gobernador chubutense y la administración libertaria.
El triple objetivo del acuerdo
El convenio central es la modificación del esquema de derechos de exportación del crudo convencional. Este tipo de petróleo es clave para la refinación local, y su declive productivo en cuencas maduras (envejecidas) ponía a la Argentina en riesgo de tener que importarlo en el corto plazo.
Torres resumió el acuerdo con un triple beneficio estratégico. Por un lado el alivio fiscal, con la eliminación o reducción de las retenciones al crudo (históricamente del 8%). Y en ese sentido, mayor producción, gracias a que, con ese ahorro fiscal se podrán reactivar inversiones y planes de explotación en la cuenca. Otro pilar y sobre todo el más importante en la argentina de hoy, el compromiso de las partes busca dar previsibilidad a las inversiones y, sobre todo, cuidar el empleo en la región patagónica.
Los compromisos de las partes
Este entendimiento se basa en la colaboración y el sacrificio mutuo, sentando un precedente para otras provincias petroleras:
Nación: Se compromete a modificar los derechos de exportación.
Provincia de Chubut: Continuará aplicando políticas de acompañamiento, incluyendo la revisión de regalías y cánones. Torres destacó que su gestión ya está haciendo un "esfuerzo muy, muy grande" al eliminar sellos para empresas y el impuesto inmobiliario al sector agropecuario.
Operadoras y gremios: Las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios, mientras que los sindicatos asumirán compromisos para mejorar la competitividad en los yacimientos.
El gobernador subrayó que este pacto es un "hecho político" que va más allá del impacto fiscal, ya que permite impulsar la sustentabilidad de la matriz energética y evitar un impacto negativo en el precio de los combustibles para los consumidores.
