La policía y personal judicial allanó la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ubicada en el barrio porteño de Constitución en el marco de un operativo que fue ordenado por el juez federal Julián Ercolini, tras recibir un pedido del titular de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Eduardo Taiano.

El operativo se realizó debido a una investigación que busca establecer en que consistió el contrato que firmó María Soledad Calle, quien es accionista y directora de la empresa USEM con el titular de la UOM Abel Furlán y que sería controlado por dirigentes de La Cámpora, que recaudaría más de 100 millones de pesos mensuales provenientes de los descuentos realizados a unos 200 mil afiliados.

Cuál es la sospecha que recae sobre Furlán

Si bien fuentes judiciales hablan de "imputación", desde el entorno de Furlán aseguraron que no existe nada de eso y que el propio dirigente gremial aportó documentación y pruebas de forma voluntaria y que mostró una buena predisposición ante cada uno de los requerimientos de los oficiales que participaron del allanamiento.

Si bien se sabe que se procura establecer si se cometió la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita por el manejo de fondos de los afiliados, quienes llevan adelante la investigación no brindaron precisiones sobre posibles imputaciones ni informaron que posibles elementos probatorios se obtuvieron durante el operativo, ya que la causa se encuentra bajo estricto secreto de sumario.

Sin embargo, Furlán realizó una presentación espontánea ante la Justicia y calificó el allanamiento como una "burda operación de prensa mediante la cual los dirigentes de una lista opositora local pretenden afectar indebidamente”, debido a las elecciones que tendrán lugar en ese sindicato el próximo 18 de marzo y donde Furlán buscará renovar la secretaría general hasta el año 2030.