El testimonio de Ernesto Clarens, uno de los arrepentidos clave del caso Cuadernos, volvió a encender las alarmas sobre el presunto funcionamiento interno de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En el tramo conocido como “Camarita”, el financista relató ante los jueces que José López —por entonces mano derecha en el Ministerio de Planificación— le transmitió una instrucción precisa: una obra vial en Santa Cruz debía adjudicarse a Cristóbal López.
Según Clarens, la orden no dejaba margen de duda. “La Presidenta le dijo que se le adjudique una obra en el Sur a Cristóbal López. Finalmente se la dieron”, declaró, apuntando de manera directa a Cristina Kirchner. De acuerdo con su relato, según informó el Diario Clarín, le pidieron contactar a las empresas que ya habían comprado el pliego para garantizar que no compitieran o que acompañaran la licitación sin alterar el resultado buscado.
La obra señalada
La obra señalada forma parte de un entramado de proyectos inconclusos en la provincia patagónica. Entre ellos, Clarens mencionó el tramo Perito Moreno–Bajo Caracoles, cuya historia volvió a cobrar relevancia en 2022, cuando la empresa CPC SA —del Grupo Indalo, propiedad de López— obtuvo un contrato por más de $4.700 millones que luego quedó paralizado.
Pero más allá de los nombres propios y las licitaciones, el financista describió la mecánica económica que, según él, sostenía el circuito de corrupción. Explicó que las ofertas se inflaban sistemáticamente con un 20% adicional, dividido en dos: “El 20% referido de sobreprecio estaba compuesto por 10% para la coima y el 10% restante para generar dinero negro”, aseguró.
Sus afirmaciones refuerzan la línea investigativa que desde hace años intenta reconstruir cómo se distribuían las obras, quiénes intervenían en cada paso y de qué manera se canalizaban los fondos irregulares. El testimonio, una vez más, coloca a exfuncionarios y empresarios en el centro de una trama que continúa revelando capítulos sensibles para el universo político y judicial argentino.
