Un empresario vinculado al Colegio Palermo Chico, una institución educativa privada de Buenos Aires, está siendo investigado por la Justicia nacional por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual y corrupción de menores. Se trata de Marcelo Porcel, exconcesionario de Oh! Buenos Aires e hijo del fundador de Argencard, quien enfrenta múltiples denuncias de alumnos del colegio.
La investigación comenzó tras las denuncias de seis compañeros del hijo de Porcel, pero actualmente ya son diez los jóvenes que se presentaron para declarar sobre abusos ocurridos en distintos lugares vinculados al imputado, como su domicilio, la Torre Le Parc y su oficina cercana al Obelisco porteño.
Los detalles de la causa
Iniciada el 5 de julio de 2024 bajo el número 36.627/2024, está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, dirigido por el juez Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía N°1, cuyo titular es Pablo Turano. El proceso se encuentra en plena etapa de investigación.
Medidas cautelares y restricciones impuestas por el juez prohíben a Porcel tener cualquier contacto directo o indirecto con las presuntas víctimas y sus familias, además de impedirle acercarse al colegio y al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde varios denunciantes practican fútbol.
Los testimonios coinciden en describir un patrón de conducta en el que el empresario, padre de varios alumnos y activo en actividades deportivas y sociales del colegio, generaba una relación de confianza con adolescentes de entre 13 y 14 años, organizando encuentros en su casa y ofreciendo traslados, lo que con el tiempo derivó en situaciones inapropiadas.
Según consta en el expediente, el abuso de confianza se fue manifestando en reuniones que terminaban en su domicilio con insistencia para que los chicos se quedaran a dormir, y en la participación constante del adulto en espacios propios de los adolescentes. Además, se documentó el intercambio frecuente de mensajes por WhatsApp y la inclusión del imputado en conversaciones y juegos, lo que facilitó la manipulación.
La causa también detalla una escalada en las conductas denunciadas, que incluyen la provisión de alcohol a menores, incentivos económicos para consumir bebidas alcohólicas, y premios por aguantar más. Porcel habría ofrecido figuritas del Mundial 2022 a cambio de alcohol y dinero a quienes participaban en actividades humillantes, como dar vueltas en calzoncillos en su oficina.
Los encuentros se realizaron en domicilios familiares, oficinas del imputado e incluso en la Torre Le Parc, en pisos vacíos relacionados con su familia. La logística incluía traslados en vehículos particulares y órdenes explícitas para mantener en secreto lo ocurrido.
El expediente contiene transcripciones de chats grupales donde Porcel organizaba reuniones y reforzaba el silencio entre los adolescentes, utilizando el dinero y el alcohol como mecanismos de control.
Las víctimas, cuyos nombres se preservan por ser menores, declararon ante la Cámara Gesell, aportando relatos que describen manipulación y abuso. Se sumaron peritajes psicológicos y pruebas obtenidas de dispositivos electrónicos del imputado que confirman la existencia de imágenes comprometedoras, como fotos de menores desnudos.
Consultado, Porcel negó las imputaciones: “En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso. Así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense. Y en alguna de ellas incluso dudan de la veracidad de los dichos de una presunta víctima”. No obstante, la investigación continúa y se suman denunciantes.
El Colegio Palermo Chico emitió un comunicado señalando que, ante las manifestaciones recibidas sobre hechos ocurridos fuera del ámbito escolar, activó los protocolos vigentes y notificó a las autoridades educativas. Asimismo, confirmó que la familia del imputado ya no forma parte de la comunidad educativa.
A pesar de las evidencias y pedidos de la Fiscalía y la Defensora de Menores para que se cite a indagatoria a Porcel y se impidan sus salidas del país, el juez aún no ha ordenado su detención ni llamado a indagatoria. Se prioriza la "economía procesal" para agrupar a todos los denunciantes en una sola instancia, aunque los padres reclaman que no se dilate la justicia cuando están en juego derechos de menores.
Los relatos de los menores reflejan miedo y confusión frente a un adulto con poder y reconocimiento social. Durante años, el entorno evitó confrontar los hechos, lo que facilitó la repetición de abusos y la permanencia del silencio, que ahora se busca romper con la denuncia formal.
El expediente revela un patrón de abuso con propuestas sexuales reiteradas, masajes inapropiados y el uso de una crema especial, elementos que emergen de las declaraciones en Cámara Gesell y los informes de profesionales de salud mental. El imputado organizaba las reuniones con un lenguaje codificado, convocando a los chicos a “fiestitas” con alcohol y dinero bajo el apodo de "el capitán".
Antes de la denuncia formal, varias familias comentaron informalmente las preocupaciones, pero no se realizaron denuncias oficiales. Algunos padres optaron por alejar a sus hijos o cambiarles de curso para evitar al imputado. El colegio, aunque tuvo conocimiento de ciertas inquietudes, no recibió denuncias formales y facilitó algunos cambios de división solicitados.
