En una importante innovación para la ciencia forense, se aprobó el primer protocolo unificado que permite identificar personas a través de rastros de olor. Esta metodología representa un avance significativo en la capacidad de las fuerzas de seguridad y los investigadores para reconocer a individuos mediante sus características olfativas únicas.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1341/2025, publicada en el Boletín Oficial, esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las capacidades periciales de las fuerzas federales y dotar a los jueces y fiscales de herramientas probatorias más precisas y confiables.

El protocolo establece procedimientos estandarizados para la recolección, análisis y comparación de muestras de olor humano, facilitando su aplicación en diferentes escenarios y asegurando la validez de los resultados. Esto permitirá que la identificación por olor se convierta en una herramienta confiable y complementaria a los métodos tradicionales como las huellas dactilares o el ADN.

La iniciativa abre nuevas posibilidades para la resolución de casos judiciales y la investigación criminal, ya que el olor corporal contiene compuestos químicos que pueden diferenciar a una persona de otra con un alto grado de precisión. Gracias a esta normativa, se podrá implementar con mayor rigor y uniformidad esta técnica en distintas jurisdicciones.

Si bien todavía se encuentra en etapas iniciales de aplicación, la aprobación de este protocolo unificado marca un hito en la incorporación de tecnologías sensoriales avanzadas en la identificación humana, prometiendo un impacto relevante en la seguridad y la justicia.

La resolución instruye a los jefes de todas las fuerzas federales a adecuar sus normas internas al nuevo protocolo y, a través del Consejo de Seguridad Interior, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus lineamientos. De este modo, se apunta a una cobertura nacional que permita que la prueba odorológica tenga el mismo valor y confiabilidad en cualquier jurisdicción del país.