El Gobierno tiene en borrador la propuesta para desregular la cobertura de salud para personas con discapacidad. La medida, impulsada por Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado del presidente Javier Milei, pretende que las prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de las prestaciones sanitarias, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado.
Ante la noticia, las organizaciones del colectivo de discapacidad alzaron la voz contra el proyecto, denunciando que afectaría a más de 10 millones de usuarios del sistema de salud, incluidos los servicios de centros de día, rehabilitación, residencias, hogares y escuelas de educación especial. Actualmente, el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, dependiente de ANDIS, establece un valor universal para estos servicios, garantizando equidad en la calidad de atención para personas de diferentes niveles socioeconómicos.
El borrador del proyecto de DNU, propone eliminar la regulación estatal y permitir que el mercado fije los precios. Algo similar a lo que sucede con las prepagas. El impacto económico de esta medida también es significativo. Según las organizaciones, los aranceles actuales están desactualizados respecto a la inflación y las obras sociales tardan hasta 120 días en realizar los pagos, complicando aún más el funcionamiento del sistema. Esta potencial desregulación generó preocupación entre los beneficiarios y prestadores del servicio.
En este sentido, desde el Foro de Discapacidad, Pablo Molero expresó su preocupación: “No se entiende en qué nos beneficiaría una medida así, ni a las personas con discapacidad ni a los prestadores. Todos pierden”. En este punto, Molero atribuye la medida a presiones de las prepagas y obras sociales para reducir costos.
El proyecto también es cuestionado en el ámbito legislativo. La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados recibió a diversas organizaciones para discutir el tema. Varios diputados, incluyendo a Daniel Arroyo y Gustavo Valdés, presentaron proyectos de ley para reafirmar la vigencia de la Ley 24.901, que regula actualmente estas prestaciones.
La incertidumbre llevó a movilizaciones y protestas por parte de las organizaciones del sector. “La ley vigente es una conquista de derechos que logramos a fines de los 90. Este Gobierno nos quiere hacer retroceder”, afirmó un representante de las familias afectadas el miércoles, en la puerta de la residencia presidencial, en Olivos.
En este contexto, el diputado Miguel Ángel Pichetto, junto con más de 30 legisladores de diferentes partidos, pidió mediante una nota al Gobierno que no avance con el DNU porque considera que este proyecto elimina todo lo bueno que tiene el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y empeora la situación de las familias.
Mientras tanto, el futuro de la cobertura de salud para las personas con discapacidad pende de un hilo. Las organizaciones y legisladores continúan su lucha para garantizar que cualquier cambio en la normativa respete los derechos adquiridos y no perjudique a los sectores más vulnerables de la sociedad.
