El Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 condenó a empresarios, despachantes de aduana y operadores logísticos por integrar la primera organización criminal investigada en la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”, vinculada a una maniobra de contrabando agravado que provocó un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.

De acuerdo con la causa, el esquema permitió concretar 31 operaciones de importación y un intento adicional fue detectado y frustrado en el puerto de Buenos Aires.

El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, condenó a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza a siete años de prisión como coautores del delito de contrabando agravado.

Además, Jorge Carlos Fano, titular de la empresa TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco recibieron penas de seis años de prisión. El resto de los integrantes de la organización fue condenado a penas de entre cuatro y cinco años y diez meses de cárcel.

La sentencia también ordenó retirar la personería jurídica y cancelar la inscripción registral de las sociedades TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., al considerar que fueron utilizadas para concretar las maniobras ilícitas.

Los magistrados rechazaron todos los planteos de nulidad presentados por las defensas, incluidos los cuestionamientos a los allanamientos, al secuestro de prueba informática y a la supuesta violación del plazo razonable del proceso.

Durante el juicio se acreditó que la organización utilizaba un doble circuito documental. Mientras la documentación original emitida en China consignaba el envío de telas y prendas de vestir, en Argentina se confeccionaban documentos paralelos que identificaban la carga como carbonato de calcio para reducir el pago de tributos.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá sostuvo que la prueba permitió demostrar “la existencia de una organización coordinada, con funciones perfectamente distribuidas y un doble circuito documental diseñado para engañar a la Aduana”.

El tribunal también dio por acreditados los agravantes vinculados con la participación de un funcionario aduanero, la intervención de más de tres personas, el uso de documentación adulterada y el elevado valor económico de la mercadería.

La investigación fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión al frente de la Dirección General de Aduanas y estuvo a cargo del juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).