Más de cuatro años después del brote de coronavirus que provocó la muerte de diez residentes en el geriátrico Apart Los Incas, en el barrio porteño de Belgrano, la Justicia dictó sentencia: los dueños del establecimiento y la médica a cargo fueron condenados por su responsabilidad en los hechos ocurridos en abril de 2020.
El fallo alcanza a los propietarios del geriátrico, así como a la profesional médica que estaba al frente del manejo sanitario del lugar. La médica recibió una condena de dos años de prisión en suspenso. El caso se remonta a los primeros meses de la pandemia, cuando el virus comenzaba a expandirse por la Argentina.
En ese contexto, el 21 de abril de 2020, las autoridades evacuaron el geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola, tras un brote masivo de Covid-19 que ya había provocado el contagio de la mayoría de los residentes.
La denuncia fue impulsada por Sergio Federovisky, quien advirtió públicamente una situación de abandono durante un fin de semana clave: “No hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado trabajando”, relató.
De acuerdo a su testimonio, sólo un electricista, un encargado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de adultos mayores.
Como resultado del brote, 10 de los 19 residentes del lugar fallecieron por complicaciones derivadas del virus. En el juicio, se presentaron pruebas de irregularidades que antecedían al estallido sanitario: historias clínicas desactualizadas, controles médicos inexistentes y personal presionado a trabajar incluso con síntomas compatibles con Covid.
Durante los alegatos, la fiscalía y las querellas solicitaron diferentes penas para los acusados. Para Megyes se pidieron entre tres y ocho años de prisión; para Visca y Raffo entre tres y seis años; y para Gonzalo y Allegue, tres años de cárcel. En todos los casos, también se reclamaron inhabilitaciones para ejercer funciones similares.
En cambio, la exfuncionaria porteña Paula Trunzo, encargada de fiscalizar este tipo de instituciones, fue eximida de responsabilidad. “La fiscalía pidió el desistimiento de la acusación para Trunzo, nosotros adherimos, como también lo hicieron otras querellas, porque la legislación que existía en ese momento no la habilitaba a tomar acción más allá de la que hizo”, explicó el abogado Ignacio Trimarco, representante de varios familiares de las víctimas.
Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución de todos los imputados, argumentando que se trató de un caso de fuerza mayor en el contexto de una pandemia global.
La sentencia marca un precedente judicial sobre la responsabilidad de las instituciones de cuidado durante situaciones sanitarias extremas.
