El diferendo entre el Gobierno nacional y los prestadores de servicios fluviales y marítimos escaló a un terreno institucional complejo. Mediante la publicación de una intimación formal en el Boletín Oficial, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a un total de 536 prácticos y pilotos a retomar de manera inmediata la prestación de sus tareas habituales en los accesos portuarios, vías navegables y ríos de todo el país.
El edicto oficial contempla la apertura de sumarios disciplinarios, la eventual revocación de habilitaciones y la radicación de denuncias penales bajo el encuadre de los artículos 190 y 194 del Código Penal, los cuales sancionan la interrupción o el entorpecimiento del transporte por agua.
La controversia se originó tras la promulgación del Decreto 690/2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que reforma de manera integral la estructura del sector vigente desde 1991.
Severa parálisis operativa en la Hidrovía y los nodos energéticos
La medida de fuerza por tiempo indeterminado impactó de lleno en la logística del comercio exterior argentino. Según estimaciones formuladas por el Centro de Navegación (CNAV), al menos 140 embarcaciones de gran porte quedaron fondeadas a la espera de la asignación de profesionales para maniobras de ingreso, maniobra o zarpada en las principales terminales del país.
El freno en el tráfico fluvial afecta tanto el despacho de granos y derivados agroindustriales como la logística del sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió sobre la interrupción de maniobras en muelles estratégicos como Dock Sud, Campana, San Lorenzo y Bahía Blanca, claves para la provisión de petróleo crudo y refinados a las plantas de procesamiento local.
Entre los buques afectados se encuentra el transporte pesado White Marlin, cuya operatoria resulta determinante para la logística de insumos vinculados al megaproyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la costa patagónica. Ante el bloqueo operacional, diversas empresas agroexportadoras y navieras han comenzado a desviar buques hacia los puertos de Montevideo y el sur de Brasil para mitigar pérdidas millonarias por sobrecostos diarios.
