El juez federal Lino Mirabelli dispuso el congelamiento de todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert durante 90 días, tras detectarse omisiones y anomalías en sus declaraciones juradas dentro de una investigación por presunto lavado de activos. La medida también incluye a su pareja, María Mercedes González, y a la sociedad Varianza S.A., vinculada a ambos.
La causa está relacionada con el nexo entre Espert y Federico “Fred” Machado, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico. Según la investigación, Espert habría recibido un pago de 200 mil dólares de Machado. Inicialmente apoyado por Javier Milei como candidato a diputado nacional, Espert renunció luego del escándalo que surgió a raíz de estas acusaciones.
El juez actuó a raíz de un requerimiento del fiscal Federico Domínguez y especialistas del Ministerio Público, quienes constataron que Espert omitió declarar su participación en Varianza S.A. y presentó irregularidades en la valoración de sus bienes. Además, sus ingresos declarados no justifican el patrimonio registrado y se detectó una cuenta no declarada en el exterior con US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd.
En la causa también figura como posible testaferro Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert. Iglesias no declaró ingresos y es titular de un vehículo valorado en más de 70 millones de pesos.
El juez Mirabelli indicó que, aunque no se pudo reconstruir en su totalidad el origen del dinero, quedó reforzado el vínculo entre Espert y Machado mediante un supuesto contrato de servicios profesionales con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo SA, propiedad de Machado, que contemplaba la entrega de US$1.000.000 a Espert.
En la denuncia, el dirigente Juan Grabois resaltó que Espert y su pareja adquirieron una vivienda en Beccar en noviembre de 2019 y un automóvil BMW en marzo de 2020. Señaló además que el crecimiento patrimonial de Espert se aceleró tras su relación con Fred Machado.
Por su parte, Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos en noviembre, tiene plazo hasta el 6 de febrero para decidir si se declara culpable o mantiene su inocencia en el proceso que enfrenta por narcotráfico, lavado y estafas.
