El titular del juzgado Civil, Comercial y Contencioso de La Plata N°4, Alberto Recondo, le dio la razón a la provincia de Buenos Aires que había apelado el embargo millonario por contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata.
Vale recordar que el Gobierno bonaerense apeló la medida a través de la Fiscalía de Estado y mediante el escrito advirtió con respecto al impacto económico y financiera de la medida, además de plantear objeciones sobre el alcance y facultades del magistrado.
El planteo de la Provincia y la posterior decisión de la Justicia
Entre sus principales argumentos, el Gobierno bonaerense argumentó que "la inmovilización de miles de millones de pesos provoca la virtual paralización de las actividades de la Provincia", al tiempo que lanzó una dura advertencia sobre el posible corte de servicios públicos esenciales y el cese de las obligaciones del Estado, es decir, que se corte la cadena de pagos lo que sería sumamente complicado para el erario bonaerense.
Luego de conocerse la intimación de Recondo que obligaba a la Provincia a poner en marcha diferentes obras para parar la contaminación industrial y cloacal que afecta a la cuenca de los ríos Santiago, El Gato y Río de la Plata, en la zona de la Plata, Berisso y Ensenada, la provincia la fiscalía bonaerense lo rechazó de plano y señaló que esa medida vulnera “la autonomía de la Provincia de Buenos Aires garantizada por la Constitución” y la tildó como una “grave intromisión” a los otros poderes del Estado.
En ese sentido, el abogado Juan Pedro Mendy en su escrito argumentó que “no caben dudas de que la decisión de un juez federal que se entromete en la distribución de los recursos presupuestarios de la Provincia de Buenos Aires, incautando sumas millonarias hasta tanto la Provincia acredite el inicio de las obras en cuestión, violenta lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales a través de la sanción de la Ley 15.557, y contiene una gravedad institucional que carece de antecedentes”.
Luego de presentarse la apelación, la encargada de decidir si mantiene o levanta el embargo sobre las cuentas del Banco de la Provincia de Buenos Aires será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, aunque el caso podría trasladarse a otras instancias judiciales si no prospera en esta.
