El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi avanzan sobre una de las tramas de corrupción financiera más sofisticadas de los últimos años. El foco está puesto en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde se habría montado un engranaje de "gestoría" ilegal para liberar contenedores y autorizar pagos al exterior en tiempo récord.
El "costo" de la urgencia: entre el 10% y el 15%
Las pruebas más contundentes surgen de las conversaciones de WhatsApp secuestradas a Martín Migueles. En los audios, los involucrados negocian abiertamente las "cometas" necesarias para saltear la burocracia estatal.
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Comisiones en dólares: Los intermediarios cobraban entre un 10% y un 15% del valor de la importación, calculado generalmente sobre el tipo de cambio dólar blue.
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Velocidad garantizada: Mientras que el trámite oficial podía demorar entre 90 y 120 días, el circuito paralelo lograba la aprobación en apenas una semana o diez días.
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Reparto de utilidades: En los chats, los imputados detallan cómo se distribuía el dinero: una parte "se rendía adentro" (presuntamente a funcionarios) y el resto quedaba como ganancia para los gestores.
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Los nombres clave en la mira judicial
La investigación identificó a varios actores que cumplían roles específicos en la cadena de mandos de este mercado negro de influencias:
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Ariel Germán Saponara: Abogado y exfuncionario, quien habría actuado como nexo para empresas interesadas en destrabar importaciones de maquinaria.
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Héctor Ezequiel "Pipo" Caputto: Señalado como el encargado de canalizar los pedidos hacia los organismos con capacidad de firma.
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"La Señora" y "Pato": Dos figuras aún no identificadas fehacientemente, pero que, según el expediente, operarían dentro de la Secretaría de Comercio u áreas estratégicas de control.
Tras analizar los dispositivos electrónicos, la Justicia ordenó operativos en domicilios de financistas vinculados al rubro, como Gonzalo Roberto Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro Calian. El peritaje reveló que las oficinas ubicadas en la zona de Avenida del Libertador funcionaban frecuentemente como puntos de entrega del dinero en efectivo tras confirmarse las aprobaciones en el sistema.
