La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó la caducidad de la demanda civil contra la expresidenta Cristina Kirchner, que reclamaba un resarcimiento de $22.300 millones en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. El tribunal consideró que el proceso quedó paralizado por la falta de impulso de la parte demandante, Vialidad Nacional, por lo que se dio por concluido sin resolver el fondo del asunto.
El fallo mayoritario fue firmado por los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, quienes respaldaron la decisión del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. Indicaron que la última acción válida en el expediente data del 17 de marzo de 2023 y que los escritos posteriores presentados por Vialidad en septiembre de 2023 y febrero de 2025 no lograron reactivar el trámite debido a que el expediente ya se encontraba paralizado.
Los magistrados también desestimaron la solicitud de préstamo del expediente realizada en septiembre de 2023, argumentando que no era responsabilidad del organismo digitalizar documentos para reactivar el caso.
En disidencia, la camarista Florencia Nallar manifestó que cerrar el expediente mediante la figura de caducidad es una medida excepcional que debe aplicarse con cautela. Consideró que esta herramienta no debería impedir que se dicte una sentencia sobre el fondo, y sostuvo que algunas acciones de Vialidad, como responder a planteos vinculados a Carlos Kirchner, no deberían ser consideradas inválidas automáticamente.
Nallar agregó que, una vez reactivado el expediente en marzo de 2025, correspondía al juez resolver las cuestiones pendientes antes de exigir nuevas presentaciones al organismo, y que no se podía hablar de abandono por parte del Estado.
Los detalles
La caducidad implica que la demanda queda archivada sin una resolución definitiva sobre el reclamo económico que buscaba la reparación por obras viales adjudicadas durante los gobiernos kirchneristas y que quedaron inconclusas. Esta figura legal busca evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales y garantizar seguridad jurídica.
Es fundamental distinguir esta causa civil del proceso penal que sigue activo en Comodoro Py, donde continúa el decomiso de bienes por más de $684.000 millones vinculado a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Este procedimiento se tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2 y no se ve afectado por la caducidad en la instancia civil.
