Tras el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que se evalúe si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner debía cumplir condena en su domicilio o en una unidad penitenciaria, definiéndose por esta última opción, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar retiró el pedido de sus colegas y dispuso que siga cumpliendo la condena bajo esa modalidad, pero en otro sitio.
En su decisión, Vilar argumentó que la presencia de las dos veces presidenta genera molestias a los vecinos del barrio, además de tumultos e incidentes y, por ese motivo, adujo que deberá modificar el lugar donde purga la condena.
Rechazo de la defensa de CFK
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner Carlos Beraldi mostró su disconformidad con la solicitud del fiscal Vilar para que la exvicepresidenta modifique su lugar de detención.
Por otra parte, reiteró el pedido para que la expresidenta no tenga restricciones al momento de recibir visitas en su domicilio y que le saquen la tobillera electrónica.
En ese punto los abogados de Cristina, Beraldi y Ary Llernovoy realizaron una presentación y serán los integrantes de la la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, liderada por Mariano Borinsky, e integrada además por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quienes analizarán el pedido de la defensa y definirán si le dan curso o lo rechazan.
Para los defensores la regla impuesta por el tribunal resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada. Por este motivo también impugnaron la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Por qué Luciani y Mola apelaron la prisión domiciliaria
Los fiscales pidieron que Cristina cumpla su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad en una cárcel común por considerar que “es un privilegio” y que “hay falta de igualdad ante la ley”.
Entre otras cuestiones, en su solicitud, señalaron que “a partir del análisis de las constancias agregadas al expediente y de la presentación analizada no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”.
Además, sostuvieron que “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad les permitieran inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
