El Tribunal Oral Federal N° 7 inicia esta semana una de las instancias más determinantes del juicio por la causa "Cuadernos". Desde este martes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará la etapa de indagatorias, en la que deberá responder a una acusación que la sitúa en la cúspide de un complejo engranaje de recaudación de fondos ilegales durante sus mandatos y los de Néstor Kirchner.
Por primera vez desde el inicio de la prisión domiciliaria, Cristina abandonará el departamento ubicado en San José 1111, para presentarse ante la Justicia. La fiscalía le atribuye el rol de jefa de una asociación ilícita, un delito que, sumado a las otras imputaciones, contempla penas que podrían superar la década de prisión. La estructura del juicio, que involucra a un total de 86 imputados, busca desentramar lo que el Ministerio Público Fiscal describe como un circuito de retornos instalado en las entrañas del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015.
Funcionarios de primera línea
Según la tesis acusatoria, ex funcionarios de primera línea y empresarios de sectores estratégicos, como la obra pública y el transporte, habrían confluido en una organización destinada a extraer dinero estatal mediante el pago de sobornos. Este esquema, según la fiscalía, garantizaba beneficios a las empresas contratistas, tales como adjudicaciones directas o el pago acelerado de subsidios y certificados de obra.
El corazón de la evidencia que enfrentará la ex mandataria combina las famosas anotaciones del chofer Oscar Centeno con el testimonio de decenas de "imputados colaboradores". Estas pruebas permitieron a los investigadores reconstruir una logística de traslados de dinero que, presuntamente, terminaba en domicilios particulares vinculados al matrimonio presidencial o en la propia Quinta de Olivos.
Figuras clave del antiguo Ministerio de Planificación, como Roberto Baratta, Claudio Uberti y José López, son señalados como los encargados de retirar los bolsos con efectivo en encuentros pautados con empresarios. Este martes marcará el inicio de la defensa política y técnica de Cristina Kirchner ante el tribunal. La ex presidenta ha sostenido históricamente que la causa es un pilar del "lawfare" y que las declaraciones de los arrepentidos fueron obtenidas bajo presión.
Sin embargo, para la justicia federal, el volumen de contratos bajo sospecha y la reiteración de las maniobras sugieren la existencia de un plan criminal coordinado desde lo más alto del poder. La audiencia no solo reactiva el debate judicial, sino que vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre el financiamiento de la política y las contrataciones del Estado.
